La Abogacía del Estado ha denunciado en los juzgados de A Coruña a la familia Franco por "posesión irregular" del Pazo de Meirás, asegura este jueves en un comunicado la Comisión por la Recuperación de la Memoria Histórica (CRMH) de A Coruña, que ha felicitado "por fin" esta decisión.
El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha asegurado este jueves que el Ejecutivo exigirá a la familia Franco la devolución al Estado del pazo de Meirás por considerar que "actuaron contra derecho".
En una entrevista en 'Los Desayunos de TVE', Sánchez se ha referido así a la demanda presentada por el Gobierno en los juzgados de A Coruña para la devolución del pazo de Meirás por entender que su venta a Francisco Franco fue "fraudulenta" porque se produjo tres años después de la primera compra por cuestación popular forzosa.
Los abogados del Estado basan la demanda en un acta notarial de 1938 desconocida hasta ahora que, según publica este jueves El País, y han confirmado a Efe fuentes del gobierno, confirma que la propiedad ya era residencia de la Jefatura del Estado.
El documento señala que el pazo de Meirás fue comprado el 3 de agosto de 1938 por la Junta pro Pazo por 406.346 pesetas a los herederos de Emilia Pardo Bazán.
El dinero fue adelantado por el Banco Pastor, al que se devolvió con una cuestación popular que, al fracasar, se convirtió en forzosa, con dinero que se restaba de las nóminas de los funcionarios y de las arcas de los ayuntamientos de la provincia.
Tres años después, el 24 de mayo de 1941, se celebró un contrato de compraventa en escritura pública entre Franco (representado en el acto por Pedro Barrié, dueño del Pastor) y Manuela Esteban-Collantes, viuda del hijo de la escritora.
Según los abogados del Estado, este contrato sirvió para crear "artificiosamente la apariencia de que Francisco Franco adquiría ese mismo inmueble por un precio de 85.000 pesetas", una cantidad que los letrados califican de "irrisoria".
La demanda, que ha recaído en el Juzgado de Primera Instancia 1 de A Coruña, se presenta contra los nietos de Franco, Carmen, Jaime, Aránzazu, Cristóbal, María del Mar y María de la O Martínez-Bordiú, junto con la mercantil Prístina, SL, vinculada a la familia.
El Gobierno reivindica la rectificación del Registro de la Propiedad y la nulidad del título de donación en 1938, la "compraventa fraudulenta" de 1941 y la escritura de partición de la herencia de Carmen Franco.
Por su parte, la CRHM ha expresado su alegría por que este pazo, ubicado en la localidad coruñesa de Sada, vuelva a ser de titularidad pública.
La asociación ha argumentado que el informe jurídico-histórico elaborado por expertos para la Diputación de A Coruña y otro informe realizado a instancias del Parlamento de Galicia "desmontan" la teoría de la familia Franco de que el pazo fue una donación del pueblo gallego al dictador. "La denuncia de la Abogacía del Estado así lo avala", apostilla.
"Ya estamos hartos de los Franco en Meirás. No son bienvenidos. Que se vayan para no volver, y si vuelven que sea pagándose su hotel", termina.
El pasado junio, los cuatro grupos que conforman el Parlamento gallego volvieron a demandar al Gobierno central la recuperación de la titularidad pública del Pazo de Meirás y anular los títulos nobiliarios de 'Ducado de Franco' y 'Señorío de Meirás'.
Esta petición se produjo un año después de que la Cámara legislativa gallega aprobase también por unanimidad la reclamación al Gobierno de iniciar la demanda civil contra la familia Franco para recuperar el pazo.
Por su parte, la familia Franco denunció ante el juzgado de primera instancia número 44 de Madrid por injurias y calumnias a periodistas e investigadores que formaron parte de un reportaje emitido hace un año y titulado "La herencia de los Franco".
Además, la Fundación Francisco Franco y la familia del dictador denunciaron a las 19 personas participantes en la toma simbólica del Pazo de Meirás en agosto de 2017, con el que pretendían reclamar la devolución de la propiedad pública de ese inmueble.
Ante esta denuncia, un grupo de eurodiputados por la Memoria Histórica (incluidos BNG, ERC, Podemos, IU y PNV) expresaron su "solidaridad" con los llamados "19 de Meirás" y les trasladaron su determinación de seguir este asunto, por el que les reclaman 250 años de prisión.
