Al margen de los inmuebles que son responsabilidad del Gobierno gallego -ya sea en régimen de propiedad, por la vía de la concesión o en cesión, por ejemplo- la administración destina cada año 3,41 millones de euros (284.330 euros cada mes) en el pago de alquileres. Muchos de ellos son oficinas dedicadas a los servicios de empleo, garajes para guardar la flota móvil o naves y almacenes a los que, sin embargo, el Gobierno gallego dedica menos presupuesto que en los que refleja la pasada Conta Xeral del 2016. Entonces, los documentos de la secretaría xeral Técnica de Patrimonio e do Patrimonio, adscrita a la consellería de Facenda, cifraban en 523.000 euros mensuales el gasto en arrendamientos. Es decir, 6,2 millones de euros anuales, lo que supone una reducción del 45% en un único ejercicio. En el año 2012, en plena tormeta económica, el caudal de recursos era aún mayor: alcanzaba los 7,2 millones al año.
