El bajo número de beneficiarios del nuevo bono social eléctrico ha obligado al Gobierno a ampliar hasta en tres ocasiones el plazo para solicitarlo y a suavizar los requisitos para disfrutar de las ayudas. Esto ha permitido que en los últimos tres meses -desde que el anterior sistema de subvenciones llegó a su fin hasta el día de hoy- otros 18.220 hogares gallegos hayan podido tramitar los descuentos para rebajar su factura de la luz. Eso sí, en plena escalada de los precios de la electricidad, el número final de beneficiarios, un total de 66.452, sigue lejos de las 230.000 familias que venían disfrutando de las antiguas bonificaciones hasta el pasado mes octubre, según los datos suministrados por Naturgy, la principal comercializadora de la comunidad.
El desplome en el número de beneficiarios del bono social eléctrico motivó al Ejecutivo de Pedro Sánchez a retocar el sistema de ayudas que había diseñado el anterior Gobierno del PP. Un Real Decreto que entró en vigor el 7 de octubre amplió los límites al consumo sobre los que se aplicaba el descuento, aumentó los casos en los que los topes de renta pueden ser más elevados y mejoró el acceso para jubilados.
Y además el Gobierno abrió la posibilidad de que los perceptores de las ayudas del viejo modelo pudiesen tramitar los nuevos descuentos a partir del 1 de enero de este año y sin fecha tope. De esta manera, su derecho a solicitarlo no caduca siempre que se cumplan los nuevos requisitos.
El primer bono social eléctrico contemplaba descuentos del 25 por ciento para todas aquellas familias que estuvieran entre uno de estos cuatro colectivos: hogares con todos los miembros en paro, viviendas con una potencia contratada inferior a tres kilovatios por hora, familias numerosas y mayores de 60 años con pensión mínima de jubilación, invalidez o viudedad. En Galicia había 230.0000 beneficiarios.
A finales de 2017, sin embargo, el Gobierno decidió reformar el sistema de ayudas. El nuevo bono permitía disfrutar de descuentos a todas aquellas viviendas que tuviesen hasta 10 kilovatios contratados, pero para poder acceder a estas subvenciones se fijaban unos límites de renta en función del tamaño del hogar, con condiciones especiales para jubilados con la pensión mínima o familias numerosas. Los descuentos se fijaron en un 25 por ciento, que podían llegar al 40 por ciento si se trata de hogares en situación de vulnerabilidad severa. Eso sí, se fijaban unos límites mensuales de consumo de electricidad.
En octubre del pasado año se extinguió el anterior sistema de bonificaciones y solo 48.232 hogares gallegos habían tramitado el nuevo bono social eléctrico. Esto supuso que más de 180.000 hogares se quedaron sin descuento y vieron incrementada su factura de la luz.
La escabechina fue similar en el resto de España. Y el Gobierno de Pedro Sánchez decidió ampliar la cifra de potenciales beneficiarios incorporando algunas modificaciones al nuevo modelo. Así, los límites al consumo se incrementaron un 15 por ciento. Es decir, se subvenciona un porcentaje mayor de la factura de la luz, lo que supone un incremento en euros en la cuantía de la ayuda.
A los jubilados se les permite tener ingresos de hasta 500 euros al margen de la pensión mínima que cobren. Y se incluyen condiciones específicas de renta para dependientes y para las familias monoparantales, que podrán superar en un 0,5 por ciento los límites de ingresos fijados para el resto de hogares.
Esto ha permitido en tres meses elevar en Galicia el número de beneficiariarios casi un 40 por ciento.
