Las eléctricas no informan del volumen de solicitudes del bono social eléctrico que han sido denegadas. En todo caso, los usuarios pueden reclamar tanto a la compañía como al Instituto Galego de Consumo si no están conformes con la negativa. Desde octubre de 2017, a este organismo dependiente de la Xunta llegaron 277 quejas motivadas tanto por la denegación de la ayuda como por la disconformidad del beneficiario con su cuantía.

De hecho, el Gobierno gallego abrió un expediente sancionador relacionado precisamente con "la incorrecta aplicación por parte de las comercializadoras del bono social eléctrico".

Según explica la Xunta, el Ministerio de Transición Ecológica dispone de una plataforma informática donde las empresas comercializadoras vuelcan los datos de los solicitantes para saber si cumplen o no los requisitos. Pero no se las informa de los motivos de las peticiones denegadas.

El Instituto Galego de Consumo se dirigió al Ministerio para pedirles "informe motivado y justificado sobre la procedencia de la concesión o no del bono social". Sin embargo, desde el Gobierno le advirtieron que por la legislación de protección de datos solo pueden informar directamente al consumidor.

La Xunta complementa las ayudas del Ministerio para aquellos consumidores considerados vulnerables severos. Al 40 por ciento de ayuda estatal le suman otro 50 por ciento de subvención autonómica,que junto al 10 por ciento que ponen las eléctricas permite financiar el 100 por cien de la factura de la luz de estas familias. Ya hay 800 hogares beneficiados.