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Lugo y Oleiros copan más de la mitad de los 16 millones de euros en facturas en el cajón

La administración municipal cuenta con un mecanismo legal para mantener facturas en el cajón, no asignándolas al presupuesto en curso y, por tanto, retrasando su abono. En esa situación se encuentran pagarés que suman poco más de 16 millones de euros repartidos entre 56 concellos, si bien Lugo y Oleiros copan la mayor parte de esa cuantía con casi 7 y 2,2, respectivamente, según los datos del Gobierno central correspondientes al segundo trimestre del año.

Ese mecanismo legal se denomina cuanta 413, que el Ministerio de Hacienda define como el apartado que "recoge las obligaciones derivadas de gastos realizados o bienes y servicios recibidos para los que no se ha producido su aplicación a presupuesto siendo procedente la misma".

Provincias

El balance resulta muy dispar entre las cuatro provincias. Lugo se sitúa al frente de la lista con 8,3 millones de euros, pero apenas nueve concellos que recurren a esta técnica contable. Y casi siete de esos millones corresponden al concello socialista de Lugo.

Veintidós municipios coruñeses acumulan facturas en el cajón que suman 4,4 millones, si bien en este caso Oleiros acapara 2,2.

En el caso de Pontevedra, las cifras suponen un contraste. Registra los mismos municipios que A Coruña en este listado, pero entre esos 22 consistorios apenas suman 3,1 millones de euros en el valor total de facturas asignadas a la cuenta 413, según los datos de Hacienda. En el caso de Ourense, tres municipios acumulan apenas 171.975 euros.

El último trimestre del año pasado se cerró con un balance total de facturas sin cargar al presupuesto en curso que suponían 25,8 millones de euros, 1,6 menos que en el mismo período de 2016, si bien el número de consistorios que recurrieron a esta vía aumentó de 91 a 131, según los datos de Hacienda.

Tiempo de pago

Por otro lado, este año el Gobierno redujo un mes el plazo legal para pagar facturas, estableciendo el período medio máximo en 30 días, eliminando el tiempo extra de un mes más que se permitía hasta entonces.

Cumplir con ese plazo es obligatorio para poder reinvertir el superávit municipal.

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