Pese a que en el conflicto entre la Xunta y los funcionarios de Xustiza las dos partes se muestran dispuestas a negociar hasta el último momento, las posturas entre trabajadores y administración en lugar de acercarse se alejan cada vez más. El comité de huelga y representantes del Gobierno gallego se reunieron ayer para tratar los servicios mínimos para cubrir el servicio ante el paro indefinido que se llevará a cabo desde el próximo miércoles salvo que se retomen las negociaciones y se llegue estos días a un acuerdo in extremis. El Ejecutivo autonómico ya aprobó la orden por la que se determinan los servicios esenciales ante la convocatoria de huelga y los siete sindicatos que integran el comité ya anunciaron que tan pronto se publique en el Diario Oficial de Galicia (DOG) lo recurrirán por vía legal al considerarla "injustificada".

La Xunta se ampara en la doctrina de Tribunal Constitucional, en la jurisprudencia del Tribunal Supremo y en distintos pronunciamientos del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia para "garantizar la "necesaria conciliación" entre el derecho a la huelga y los servicios esenciales para que esta no cause prejuicios a los derechos e intereses de los ciudadanos. Incluye en esta categoría a las actuaciones urgentes del Registro Civil; las actuaciones que afecten a la libertad de las personas como los juicios orales con preso o los procesos sometidos a un plazo máximo o cuya demora suponga una pérdida de derechos para los ciudadanos; medidas en materia de familia, violencia sobre la mujer o libertad provisional y asuntos relacionados con la violencia de género en los juzgados de Violencia sobre la Mujer, sean o no exclusivos. La orden también obliga a reforzar los servicios de guardia de juzgados, fiscalías e Instituto de Medicina Legal. Es este último punto el que el comité de huelga considera más "abusivo" porque -aclaran- en los tribunales de las ciudades supondría que solo uno de los compañeros podría secundar el paro y en los más pequeños -ponen como ejemplo A Fonsagrada oBecerreá- donde solo trabajan cuatro personas obligaría a duplicar el personal y contratar a tres funcionarios más de los que tiene la plantilla actual para respetar los servicios mínimos. En este sentido, alegan que en las tres jornadas de paro anteriores -los días 1 y 3 de diciembre y el 25 de enero- no se exigían estos servicios mínimos y, por eso, denuncian que ahora los aumenten "de forma injustificada". Desde la Xunta lamentan que los sindicatos rechazasen la propuesta y dejasen la reunión "sin dar ninguna alternativa".

El conselleiro de Xustiza, Alfonso Rueda, ya avisó el miércoles de que si es necesario para que se cumplan los servicios básicos se denegarán permisos concretos de días de asuntos propios y de vacaciones en febrero, una medida que los sindicatos califican de "chantaje".

Los representantes del comité de huelga también se reunieron ayer con los grupos de la oposición en el Parlamento. El portavoz de En Marea en la Cámara autonómica, Luís Villares, la diputada socialista Patricia Vilán y el parlamentario del BNG Luis Bará apoyaron al colectivo en sus reivindicaciones como ya habían hecho en una propuesta aprobada por una unanimidad en O Hórreo, aunque el grupo de los populares ayer declinó el encuentro. Los tres partidos interpelarán al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, sobre este asunto en el pleno de la próxima semana.

Aunque la huelga entre los funcionarios de Xustiza que dependen de la Xunta -gestores, tramitadores y personal de auxilio judicial- parece inminente, Rueda no pierde la esperanza de que se pueda evitar. Las organizaciones sindicales también están dispuestas a dialogar hasta el último día pero siempre que se retomen las negociaciones "con luz y taquígrafos" con la presencia de la presidenta del Consello de Relacións Laborais. Exigen además que el Gobierno gallego deje de "engañar" con reivindicaciones salariales falsas.