Los concellos presumen de haber superado la crisis económica apretándose el cinturón, mostrando al mismo tiempo un vigor del que carece el resto de administraciones. Sin embargo, la lupa de la Xunta, a los que reclama conocer al detalle sus planes de ajuste y sus estrategias para pagar a sus proveedores conforme al plazo máximo legal de un mes.
La Consellería de Facenda no solo revisa las cuentas de las entidades locales, sino que está obligada a revelar qué información exige, a qué consistorios y cuáles de estos le aportan los datos, después de que el Gobierno central de Mariano Rajoy elevase su control sobre las arcas locales dentro de la estrategia de control de gasto y del déficit. Aun así, las obligaciones de comunicación de los planes de saneamiento datan de 2009, con el PSOE en Moncloa.
Los citados 36 ayuntamientos -a los que se suman dos mancomunidades- resultan una excepción en una planta municipal que acumula muestras de solvencia y quince menos que aquellos a los que el Ejecutivo reclamó información sobre saneamiento económico y abono de facturas a final del año pasado.
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Precisamente, 2016 mejoró el dato de superávit municipal en Galicia, al alcanzar los 127 millones de euros, por 99 de 2015 y 60 de 2014. El Congreso avalará que los consistorios puedan usar esos fondos en las inversiones que estimen oportunas, tras el acuerdo logrado por la Federación de Municipios y Provincias, presidida por el alcalde de Vigo, Abel Caballero, que llevaba tiempo reclamando esa medida, después de que el Ejecutivo de Rajoy limitase la libertad de gasto del excedente económico local. En toda España, el montante de recursos liberados es de 7.000 millones.
Mientras, la dirección xeral de Política Financiera de la Xunta ha solicitado datos sobre los planes económico-financieros para cuadrar sus cuentas a diez concellos y las mancomunidades de O Baixo Miño y la Mariña lucense. Se trata de Agolada, Crecente, Amoeiro, Barbadás, Calvos de Randín, Porqueira, San Cibrao das Viñas, Xunqueira de Ambía, Monforte y Arzúa. La información exigida incluye ingresos, estado de liquidaciones contables, deuda, facturas pendientes...
El listado más amplio, sin embargo, se refiere a los informes acerca del cumplimiento del plazo legal de pago a proveedores, es decir, de comprobar si se ajustan a las directrices para acabar con las deudas con empresas y autónomos.
Las cartas han sido enviadas a Agolada (único en los dos apartados), Covelo, Moaña y Nigrán, de la provincia de Pontevedra; Carballeda de Avia, Larouco, Padrenda, Ribadavia, Xinzo de Limia y O Carballiño, de Ourense; Pobra do Brollón, Cervo, Chantada, Foz y Meira, de Lugo; y Abegondo, Ares, Boiro, Cariño, Cedeira, Culleredo, Fisterra, Laxe, Melide, Ortigueira, Rianxo y Sada, de A Coruña.
El balance del primer trimestre del año deja siete municipios que repiten en la lista de peticiones de Facenda. Se trata de O Carballiño, Xinzo, Ribadavia, Foz, Meira, Laxe y Ortigueira.
Además, el balance de la consellería de Valeriano Martínez correspondiente al primer trimestre del año también recoge su luz verde al endeudamiento de Mos y Fornelos de Montes, así como a los planes económicos de Pobra de Trives y San Xoán de Río. También da cuenta de los informes sobre la sustentabilidad económica de Cualedro y Leiro y los planes para pagar facturas en un máximo de un mes de Nigrán, Soutomaior, Guitiriz, Melide y la Diputación de A Coruña -también los cambios presupuestarios de esta-; las cuentas de Pontevedra y la entidad de Pazos de Reis; las liquidaciones de Verea y Soutomaior; el endeudamiento de Vedra, Pontevedra y Vimianzo; y la venta de patrimonio de Trabada.
