En septiembre del año pasado una madre se sentaba en el banquillo en Vigo y se enfrentaba hasta a 3.000 euros de multa. Su delito: el supuesto absentismo escolar de su hija, de diez años de edad, que acumulaba 69 faltas a clase en solo dos meses. Aunque no todos los casos en los que las reiteradas ausencias de un menor en edad de escolarización obligatoria acaban en los tribunales, los datos de la Consellería de Educación muestran que los expedientes más conflictivos, los que acaban en manos de la Fiscalía, son algo más que anecdóticos. En concreto, durante el curso pasado, la maquinaria de la Administración educativa se vio superado en cuatro de cada diez casos que se registraron de absentismo grave, por lo que tuvo que tomar el relevo el Ministerio público.
En solo un curso académico, los centros educativos se vieron obligados a abrir hasta 234 expedientes de absentismo escolar, que se computa como tal cuando las ausencias suponen un mínimo del diez por ciento del horario lectivo mensual. Así se acordó en el "Protocolo educativo para a prevención e control do absentismo escolar en Galicia", al que Educación dio luz verde en enero de 2014 y con el que se estableció por primera vez una guía de actuaciones unificada para todos los colegios e institutos que les insta a buscar una primera solución dentro del propio recinto escolar, eleva los casos más complicados a Inspección Educativa y finaliza, en los extremos más graves, en manos de la Fiscalía. El objetivo, en todo caso, es que las actuaciones sean coordinadas para garantizar la asistencia del alumnado a las clases.
Por primera vez la Xunta dispone de datos para evaluar qué ha dado de sí este protocolo y lo que permiten constatar, primero, es que los adolescentes son más propensos a faltar que los niños. Los menores que cursan la ESO, de entre 12 y 15 años, protagonizan el 68 por ciento de los episodios de absentismo que la familia no soluciona y requieren de intervención externa.
Haz click para ampliar el gráfico
Lo segundo, es que los centros educativos pueden resolver, con sus medios, recursos y competencias, uno de cada cinco casos. Así, de los 234 expedientes activados en el curso 2014-2015, el primer curso en que el flamente protocolo estuvo vigente, 49 (18 en educación primaria y 31 en la ESO) no traspasaron las simbólicas fronteras del colegio y bastó con que el tutor del niño y/o el jefe de estudios se reuniese con sus progenitores o tutores para resolver los expedientes.
No obstante, en los otros 185 casos (52 en Primaria, 128 en ESO y 5 en FP Básica 1) de estudiantes con largas ausencias no justificadas, ese diálogo con la familia no bastó y tuvieron que intervenir los servicios de Inspección Educativa, aunque también se notifica el problema al concello de residencia del alumno por si tienen que intervenir los servicios sociales, como de hecho ocurre en algunas ocasiones.
Los casos más extremos, aquellos que ni Inspección Educativa ni los recursos del ayuntamiento permiten solventar, se procede a informar a la Fiscalía "para garantizar la defensa de los derechos que a los menores les reconocen las leyes", explican desde el departamento que dirige Román Rodríguez. Fueron 94 casos de los que Educación no realiza un seguimiento específico, por lo que la consellería desconoce si al final llegaron o no a los tribunales como en el caso de la madre viguesa.
Sin embargo, lo que sí pueden contar las autoridades educativas autonómicas es un final feliz (con cierre de expediente por absentismo) en el resto de los casos trasladados desde los centros a Inspección Educativa, un total de 91. Solo en cinco casos las autoridades tuvieron que recurrir a las medidas más extremas: los chicos volvieron a sentarse ante un pupitre tras pasar a estar bajo la tutela de la Administración. No obstante, desde la Consellería de Educación apuntan que no se retira la custodia a un padre solo por el hecho de que su hijo haga demasiados novillos y no consiga controlarlo.
En otras ocasiones, la historia tenía poco de misteriosa: el estudiante en cuestión había cumplido ya los 16 años, que es la edad en la que finaliza la escolarización obligatoria, al menos en España, y ya no se le puede imponer la asistencia. Sucedió así en 17 casos.
Las reiteradas ausencias de otros 19 jóvenes hallaron otra explicación sencilla que bastó también para dar carpetazo al expediente en Inspección Educativa: tres de ellos se habían trasladado a otro país y los otros 16, a otro centro educativo en el que prosiguen sus estudios.
En medio centenar de casos, sin embargo, el proceso requirió una negociación demorada con las familias. Según informan desde Educación, se cerraron cuatro expedientes tras el "compromiso" de las familias de que el estudiante retomaría sus obligaciones escolares. Sin embargo, con 46 alumnos el proceso exigió la intervención de los servicios sociales del ayuntamiento, que tuvieron que actuar para que el alumno asistiese a clases con regularidad.
Aunque Educación explica que no se pueden comparar los datos con los de cursos anteriores, porque el protocolo incorpora nuevos criterios, se pueden tomar al menos como referencia los expedientes que abría a los padres la entonces Consellería de Benestar en los casos más graves: 87 en 2008, 82 en 2009, 70 en 2010, 73 en 2011, 46 en 2012, 34 en 2013 y 42 en 2014. Con el nuevo baremo de Educación, los casos más graves, los que llegan a Fiscalía, serían 94 en el último año, el doble, y eso puede deberse, admiten en la Xunta, a que el protocolo supone un "más control" y a que los centros saben en cada momento a qué atenerse y cómo actuar.
