17 de septiembre de 2015
17.09.2015
OPERACIÓN PATOS

Operación Patos: La investigación apunta a un "amaño" continuado para lograr contratos públicos

Un informe policial atribuye a Eiriña connivencia con miembros de las mesas de contratación y pactos con otras firmas para obtener adjudicaciones de concellos, Diputación y Xunta

17.09.2015 | 08:30
Enrique Alonso Pais (izda) y Jaime Alvariñas. // M.G.B.

Simulaban, supuestamente, que el concurso de obras públicas seguía los cauces legales, garantizando las reglas del juego de la libre competencia, cuando en realidad estaba amañado de antemano. Esta es la principal sospecha que recae sobre Eriña S.L, una de las empresas presuntamente implicadas en la trama de la Operación Patos, cuyo secreto sumarial fue levantado esta semana por la titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Vigo, María del Carmen García Campos. La investigación policial apuntaría a que esta constructora resultaría adjudicataria de obras en connivencia, siempre supuestamente, con cargos, funcionarios o técnicos de administraciones locales, provinciales y autonómicas. Ésta es una de las conclusiones que se incluyen en la parte del sumario al que accedió y comenzó a analizar este periódico, que se enmarca en unas diligencias formadas por más de 13.500 folios. En este causa abierta en 2013 hay, por el momento, cinco imputados: Enrique Alonso Pais, responsable de Eiriña; Jaime Alvariñas Villanueva, director general de esta misma firma; Alfonso Clemente González, responsable de Cespa en Galicia; Juan Ramón Alonso García, técnico de esta empresa; y José Álvarez Valverde, exconcejal de Nigrán.

Las sospechas del modus operandi de Eiriña centran al menos uno de los informes finales elaborados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de A Coruña. El objetivo de los agentes era acreditar presuntos indicios de delito en la adjudicación de contratos públicos. Y según concluyen, recabaron algunos "claramente probatorios" de sus sospechas: que presuntamente se simulaba la concurrencia competitiva de empresas en los procedimientos administrativos, negociados sin publicidad, invitando a los contratistas que previamente había determinado el futuro adjudicatario y con los que se tendría que haber puesto de acuerdo para que presentasen una oferta peor y así resultar él vencedor del concurso.

Las escuchas telefónicas permitieron en una primera fase de la investigación obtener "multitud de indicios" de este presunto proceder. La documentación intervenida en los soportes informáticos de las empresas de Enrique Alonso Pais -que además de Eiriña también figura como responsable de Enalvi, Intermediación y Desarrollo de Negocios S.L., Inversións Patos S.L. y Reciclaje y Gestión Medioambiental S.L.- apuntarían a que ciertos contratos estuvieron "amañados desde su inicio" y evidenciarían según los datos que maneja la UDEF que "personas físicas del sector público" participaron en los mismos.

La presunta forma de proceder de Eiriña era hacer llegar a los órganos de contratación de diferentes administraciones los datos de las empresas a las que habría que invitar a las licitaciones, para que finalmente estas firmas concurriesen con ofertas peores y al final resultase adjudicataria la propia Eiriña. También consta algún caso en el que esta constructora, siempre según la UDEF, "sabedora de que el contrato no le va a ser adjudicado", se ofrece de intermediaria a otras empresas para que éstas lo consigan.

"Este tipo de artimañas constituyen un claro fraude a la legislación del sector público, realizadas con pleno conocimiento de su ilegalidad, en las que se exige una cierta participación de personas del sector público, quienes de corroborarse los documentos presentados, cooperarían necesariamente en los hechos, realizando las invitaciones sugeridas y posteriormente adjudicando contratos de forma totalmente arbitraria e injusta y a sabiendas de su ilegalidad", afirma la UDEF en el informe aportado a la causa.

Los agentes recabaron documentos para tratar de acreditar esta ilícita forma de actuar en obras de renovación de la red de suministro de agua y alumbrado en el Ayuntamiento de Vigo; en el acondicionamiento de una zona recreativa en el río en el Concello de Soutomaior; en una reforma del centro de salud de Vilaboa ofertada por el Sergas; así como en la construcción de aceras y servicios en la PO-213 en A Estrada, de marquesinas en la PO-201 en Silleda-Laro y de marquesinas en la PO-251 en Fornelos-Forzáns, todas ellas para la Consellería de Política Territorial. Y también en la Diputación se documentan actuaciones en caminos y actuaciones en edificios municipales de Fornelos de Montes; en áreas deportivas de Bembrive (Vigo) y en un camino de Domaio (Moaña). En ciertos contratos bajo sospecha se comprobó que el amaño finalmente no se llevó a cabo.

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