En la ley de medidas fiscales y administrativas que acompañó a sus presupuestos de 2012 la Xunta se fijó a sí misma un año de margen para aprobar el decreto de transposición a la comunidad de la normativa europea y estatal sobre contaminación acústica y las directrices necesarias para la protección de la población ante el problema del ruido. "Es una tramitación muy complicada, con muchas alegaciones e intereses diferentes", excusa la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas como motivo del obvio retraso. Porque todavía no está listo. El Consello Consultivo analiza en estos momentos una nueva propuesta del departamento dirigido por Ethel Vázquez, después de que el organismo le devolviera la anterior por falta de documentación -como el informe preceptivo en caso de modificaciones de la estructura orgánica de un departamento de la administración y la memoria justificativa- y la ausencia también de algunas "entidades representativas" en el periodo de consultas. El borrador contempla la que según el propio Gobierno gallego va a ser una de las principales medidas de salud ambiental, la obligación de aminorar el sonido de las carreteras. Tanto las vías de la región como el resto de infraestructuras públicas deberán adaptarse a los estándares de calidad sonora antes del 31 de diciembre de 2020.
Cuando Medio Ambiente anuncio que el decreto estaba ya en redacción, en junio de 2013 -con, por entonces un año y medio de retraso sobre el plazo marcado-, su objetivo era imponer las mejoras en la red de carreteras a cinco años vista. La ley para el conjunto del Estado, la que sirve de guía, no determina el nivel máximo de decibelios en aquellas áreas atravesadas por infraestructuras de transporte, aunque sí manda tomar las iniciativas "adecuadas" en "prevención de la contaminación acústica" mediante "la aplicación de las tecnologías de menor incidencia acústica entre las mejores técnicas disponibles". Desde muros, a paneles de contención de ruido pasando incluso por barreras naturales con vegetación.
La futura norma autonómica de lucha contra el ruido establece otra importante prórroga a tener en cuenta, en este caso en los concellos. Aquellos que no cuenten en el momento en el que entre en vigor el texto de una ordenanza de protección acústica tendrán un año para ponerla en marcha y, mientras, Medio Ambiente elaborará un modelo general al que podrán acogerse. Como ocurre con otras muchas competencias locales que se les resisten a los municipios por su especialidad y las limitaciones de medios materiales y personales.
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En los ayuntamientos recae la posibilidad de suspender temporalmente el cumplimiento de los estándares de calidad acústica. Por tres motivos. Los actos "de especial repercusión pública", como por ejemplo una fiesta, "previa valoración de sus incidencia". Una opción a la que podrán acogerse de forma excepcional "personas titulares de emisores acústicos". Ninguna de estas dos excepciones irá adelante si en la zona lo que "predomina es un uso sanitario". Es decir, por la cercanía de un hospital o un centro de salud. Sin necesidad de autorización municipal, los servicios de prevención y extinción de incendios, sanitarios, de seguridad u otros de naturaleza análoga, quedarán exentos de cumplir "ocasional y temporalmente" las directrices.
Para conseguir la licencia de primera ocupación en los edificios habrá que presentar "un informe de ensayo" que justifique el cumplimiento de los "aislamientos acústicos exigidos" legalmente y que las instalaciones comunes no provocan para el resto del inmueble los valores límite.
La Xunta prevé la creación de la Comisión Técnica de Coordinación Acústica para "la planificación y gestión acústica entre las distintas administraciones". Tres representantes serán nombrados por el Ejecutivo autonómico y otros tres vendrán de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp). "La comisión -explica el borrador de la normativa- prestará asesoramiento a las administraciones competentes en materia de contaminación acústica para la aplicación de este decreto y la normativa estatal que desarrolla, pudiendo proponer la adopción de las medidas necesarias para su cumplimiento y ejecución".
¿Cuáles son los objetivos de calidad en las áreas urbanizadas? Los parámetros vienen de mano de la ley estatal de octubre de 2007 y dependen del tipo de actividad mayoritaria en una zona determinadas. Cuando son servicios sanitarios, docentes y culturales, durante el día no se pueden sobrepasar los 60 decibelios y 50 por la noche. En emplazamientos residenciales, los límites se elevan a 70 y 65 decibelios, respectivamente. Ante usos recreativos y espectáculos, el techo durante el día y la tarde son 73 decibelios y 63 en horario nocturno. Los máximos se reservan para las ubicaciones de las industrias, que disponen de un límite de 75 decibelios, 65 por la noche.
Los últimos datos oficiales sobre ruido ambiental en Galicia son de 2013 y confirman que el tráfico es "la principal causa" de contaminación acústica en las ciudades de la comunidad y que los meses de verano y otoño son los de mayor impacto. Durante el día, los valores más elevados están en A Coruña, por encima de los 67 decibelios en la estación de Meteogalicia. En nocturno Vigo está a la cabeza, con 66,7 decibelios. En el promedio de valores en toda la jornada, Pontevedra y la capital coruñesa destacan por encima del resto con cerca de 66 decibelios.
