La modificación de la Ley de Montes ha puesto en pie de guerra a los agentes forestales, ya que denuncian que el proyecto de reforma recorta sus funciones y competencias con respecto a sus cometidos actuales. Denuncian que si los cambios se mantienen, ya no podrán elaborar y presentar el correspondiente atestado ante un juzgado o la Fiscalía en casos de delitos penales como incendios intencionados, envenenamiento de animales u obras ilegales en suelo protegido, sino que tendrán que avisar a la Guardia Civil o a la Policía Autonómica -en el caso de Galicia- para que sean ellos quienes formalicen la denuncia.
"No tendremos competencias para dar traslado de las actuaciones al juez o al fiscal, como hacemos ahora, sino que deberemos avisar y esperar a que llegue la Guardia Civil o a la Policía Autonómica y ayudarles en el atestado", reprocha el presidente de la Asociación Profesional de Agentes Forestales de Galicia, Xosé Bieito.
Sin embargo, el Ministerio de Medio Ambiente sostiene que los agentes forestales podrán seguir desempeñando las mismas funciones y que el cambio obedece a una razón de mejora de la coordinación en el caso de confluencia con las Fuerzas de Seguridad del Estado.
La Xunta comparte también el criterio del ministerio y asegura que no se recortarán las funciones de los agentes forestales que, precisa, no forman parte de los Cuerpos de Seguridad y que sí operan, en cambio, como policía judicial en sentido genérico y cuando se le solicite una investigación por parte del poder judicial.
