Un 10% de los 45.000 establecimientos comerciales de Galicia tendrán que renegociar el precio de alquiler o bien cambiar de local al estar sujetos a contratos de renta antigua. Es la cifra de locales comerciales de la comunidad sujetos a rentas antiguas, un sistema que mantiene el precio por los establecimientos en magnitudes de hace varias décadas. Pero el 31 de diciembre de este año vencerán los contratos de alquiler de los comercios que se acogieron a la Ley de 1964, por lo que se verán obligados a renegociar con sus caseros.

Esta modificación da vía libre a los propietarios para pactar con sus inquilinos el precio de los locales, tras agotarse los veinte años de prórroga que establecía la posterior Ley de Arrendamientos Urbanos, aprobada en el año 1994. Los arrendamientos de renta antigua quedaron heridos de muerte en 1985 con la aprobación del llamado decreto Boyer, aunque las personas físicas con arrendamientos antiguos pueden seguir tranquilas porque el cambio en la normativa solo afectará a las personas jurídicas.

Cuando concluya el presente año perderán la vigencia todos los alquileres de locales comerciales pactados antes de la entrada en vigor del decreto, salvo en aquellos casos en los que siga al frente del negocio el titular original del contrato o bien su cónyuge, que están blindados por ley hasta su fallecimiento o jubilación. Si está a nombre de algún descendiente, o bien de una empresa, como ocurre en la mayoría de los casos, quedarán sin efecto, ya que se cumplen los veinte años de prórroga establecidos en la ley de 1994.

El presidente de la Federación Galega de Comercio, José María Seijas, considera que es una ley "molesta", pero que la mayoría de los comerciantes ya actualizaron sus rentas cada año y los que todavía no lo hicieron es porque tienen previsto cerrar o piensan jubilarse antes de que finalice el año.

Por otro lado, la plataforma nacional de afectados por este cambio pidió una nueva moratoria de 10 años, hasta el 2025, para evitar el cierre de unos 100.000 locales en toda España y que 300.000 personas se queden sin su puesto de trabajo.