El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Santiago, José Antonio Vázquez Taín, ha remitido al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) una denuncia del exalcalde de Santiago con el PP, Gerardo Conde Roa, contra su predecesor en la alcaldía compostelana, el socialista Xosé Sánchez Bugallo, por supuesta prevaricación administrativa en relación a la Finca do Espiño, una parcela ubicada en una situación privilegiada y en la que estaba previsto un gran desarrollo urbanístico que nunca se llegó a realizar.

En un escrito dictado el pasado 21 de mayo al que ha tenido acceso Europa Press, Taín indica que el 7 de febrero de este año fue presentada la denuncia y que el 15 de abril Conde Roa se ratificó en ella. Tanto el escrito inicial presentado como la ratificación de la denuncia "hacen referencia a una serie de hechos administrativos contrarios a derecho", apunta el juez.

"Si bien el criterio de la Fiscalía en este y otros procedimientos es comprobar que existan indicios de delito, es más prudente que la existencia o no de indicios sea apreciada directamente por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que es el competente para el enjuiciamiento de causas con aforados -que es el caso de Bugallo por su condición de diputado-", argumenta el juez. Las diligencias previas ya fueron recibidas por el TSXG, que no obstante ha pedido al juzgado compostelano que subsane "defectos" técnicos.

En su querella, Conde Roa denuncia que podrían ser constitutivos de delito "la condonación" a la promotora Layetana de la obligación de pagar el 10% del aprovechamiento urbanístico, que cifra en 651.000 euros, y "la inacción, en perjuicio del Ayuntamiento, en el cobro del aval depositado por la compañía Layetana para responder a las obligaciones del convenio".

En su denuncia, Roa también alude a un "fraude en la concesión de licencias de residencial comunitario para la construcción de apartamentos", lo que advierte que suponía "grave pérdida de plusvalías en beneficio de los ciudadanos". Según asegura, las licencias concedidas bajo el epígrafe de residencial comunitario son en realidad viviendas y alerta que se trata de "un fraude".