Desde que a principios de año trascendieron algunos pinchazos telefónicos del caso Pokemon, la mayoría de miradas se centraron en Prado, que llegó al cargo en enero de 2013 tras perder el pulso interno en el concello de Santiago por heredar el bastón de mando de Gerardo Conde Roa. En una conversación, la diputada confesaba a un exasesor del primero: "Si Currás es alcalde, nos suicidamos".

Esa frase, que evidenciaba la guerra interna en el PP de Santiago, pasó a un segundo plano cuando se reveló otro pinchazo sobre la polémica entrega de regalos y sobornos que la empresa Vendex, epicentro de una presunta trama de corrupción, realizaba a cargos públicos a cambio de contratos: "Los regalos que hace Vendex tú ya los sabes: sin hacer nada hace un regalo de la hostia [...] No me quiero imaginar cuando hay contratos por el medio". La oposición se lanzó a pedir su cese, si bien el sumario indica que ella no se quedó ningún presente.

"No es fácil conocer extractos de tu vida privada por teletipos de lo que ha pasado en determinadas operaciones judiciales y menos autos [de la jueza[ de diciembre que aparecen en campaña electoral seis meses después", censuró ayer sobre el modo de actuar de la magistrada Pilar de Lara, que mantiene el secreto de sumario sobre su caso.

Prado se refiere al 22 de mayo, cuando se conocía un auto de diciembre en que la juez pedía información a la Fiscalía sobre la elevación del caso al TSXG para analizar su imputación. Investiga el inflado de una factura en 3.000 euros en favor de un empresario afín al PP e imputado en la trama y la mediación para enchufar a personas en una escuela municipal y beneficiar a su marido en contratos con concellos del PP. La juez indaga también si su hermano pudo filtrar datos judiciales del PP compostelano.