La Xunta de Galicia actual ha conseguido dos cosas importantes. La primera, cumplir con los objetivos de déficit y ayudar a la consolidación fiscal en España. Porque, a riesgo de reiterarme, hay que dejar claro que una cosa es evaluar si los objetivos que se marcan son más o menos razonables y otra que, una vez discutidos y aprobados en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) hay que cumplirlos. Eso es la lealtad mutua y la lógica federal en las relaciones entre gobiernos. La segunda, evitar el acceso al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Tiene razón el presidente Feijóo cuando dice que apelar al FLA supone perder autonomía, porque obliga a la formulación o reformulación de planes de ajuste, anticipa la necesidad de aplicar recortes de gastos y subidas de impuestos bajo la tutela de la administración central, amplía las obligaciones informativas referidas a la gestión presupuestaria, y acelera el aterrizaje de los "hombres de negro", con plenos poderes para revisar la gestión en las Comunidades Autónomas a las primeras de cambio.
Conseguido lo anterior, en el plano presupuestario urge definir una estrategia más ambiciosa. En primer lugar, Galicia debe trabajar intensamente para forzar la revisión del Fondo de Compensación Interterritorial (FCI). A través de este instrumento recibíamos hace cinco años 200 millones de euros. Hoy apenas 60. Con una revisión razonable de importe global y reglas de reparto, Galicia podría acercarse a los 300 millones. Evidentemente, los territorios más ricos, con Cataluña a la cabeza, no les hace chiste esta revisión, porque no se benefician de ella y su financiación resta dinero para satisfacer sus legítimas demandas. No obstante, nosotros tenemos un recurso que no estamos utilizando. El reparto de los objetivos de déficit público entre autonomías. Lo razonable sería que se hiciese en función de los ingresos ordinarios de cada territorio y no de su PIB, lo que daría a Galicia más margen. Un margen al que podría estar dispuesta a renunciar si otros se avienen a reformar el FCI. Por eso es tan importante que Galicia irrumpa en la discusión sobre los criterios de reparto de déficit y no deje que sean otros los que la lideren y protagonicen.
En segundo lugar, se confirma lo que ya hemos dicho en FARO hace un tiempo. El límite de déficit público para las CC.AA. en 2012 no va a ser del 0,7% del PIB, gracias a que se ampliará el plazo de la consolidación fiscal en España. Por otro lado, el Servicio de Estudios del BBVA publicaba esta semana unas previsiones macroeconómicas para Galicia en 2013 ligeramente mejores que la media española gracias, entre otros factores, a que se espera que el consumo de las familias gallegas responda mejor. Sin embargo, me temo que ese informe no tiene en cuenta que en Galicia se ha aprobado un recorte de las pagas extra asimétrico, que va a perjudicar al consumo, como lo pueden confirmar los comerciantes que malvivieron la última campaña de Navidad.
Si las cuentas públicas están en Galicia significativamente mejor que la media, si el objetivo de déficit para 2013 se va a ampliar, si el Presidente de la Xunta prometió que no se recortarían las extras en 2013, si sabemos que ese recorte va a penalizar el consumo y la actividad económica, agravando la recesión, ¿Por qué hacer en Galicia un nuevo recorte de sueldo de los empleados públicos autonómicos que no se va a hacer en la mayoría de las Comunidades Autónomas? La Xunta debería dar marcha a tras.
*Catedrático de Economía Aplicada de la Universidade de Vigo
@SantiagoLagoP
