El exmiembro del Consejo de Administración en Novacaixagalicia José Luis Veiga ha declarado en la Audiencia Nacional que se enteró de las prejubilaciones millonarias que percibieron los exdirectivos cuando dejaron la entidad y la noticia apareció en los medios de comunicación, informaron fuentes personadas en la causa. No obstante, sí admitió que conocía el contrato de liquidación del directivo López Corona y que éstos eran iguales a los de los directivos que están compareciendo en la Audiencia. También declaró que las actas no se leían en los consejos, lo que llamó la atención de los abogados puesto que todas las actas tienen como primer punto del orden del día la lectura del acta de la sesión anterior. Preguntado por los motivos por los que votó en contra de los contratos, dijo que había sido "por intuición". Al tiempo que también reconoció que nadie le negó nunca los contratos porque nunca los pidió en Secretaría, donde estaban a su disposición.

Veiga, que formaba parte de la entidad en representación del Ayuntamiento de Pontevedra, ha explicado que los directivos de la entidad les pusieron trabas para enseñarles los contratos en los que se aprobaban las percepciones indebidas, por las que el juez Ismael Moreno les reclama más de 10 millones de euros en concepto de fianza por responsabilidad civil.

El martes, el antiguo representante de CC.OO. en el consejo, José Luis Regueiro, afirmó que él fue el único que votó en contra de las prejubilaciones millonarias cuando la decisión se votó el 1 de diciembre de 2010. Lo hizo porque desconocía la documentación e incluso la cuantía de dichas compensaciones, que no se desveló hasta casi un año más tarde. Según fuentes próximas al interrogatorio, reconoció que no había cursado petición ante la Secretaría de Dirección para acceder a los contratos. Según las mismas fuentes, se le preguntó si había pedido antes o después del consejo de administración del uno de diciembre de 2010 el orden del día y la documentación anexa que se entrega con el orden del día y Regueiro confesó que no había hecho tal solicitud.

Más adelante, en agosto de 2011, además de Regueiro otros dos consejeros votaron en contra de las cantidades que hubo que aprovisionar para pagar las compensaciones. Se trata de José Luis Veiga, que ha declarado como testigo, y Miguel Argones, de Csica, que comparecerá el día 15.

Cantidades reclamadas

La Fiscalía Anticorrupción reclama a los exdirectivos imputados la devolución de las cantidades que considera percibidas indebidamente. Al exdirector general adjunto, Javier García de Paredes, le reclama 5,36 millones de euros, de los que cerca del 95% corresponde a los salarios devengados desde el 1 de julio de 2012 hasta el 29 de enero de 2025 -momento en que se podría jubilar-, que no podría haber cobrado anticipadamente por capitalización.

Al exdirector general de la caja única, José Luis Pego, se le reclaman 1,44 millones de euros, una cantidad en la que se incluye una indemnización por premio especial por dedicación de 933.156 euros. Además, Anticorrupción reclama en la querella presentada 913.602 euros Gregorio Gorriarán, que se encargó del Grupo Inmobiliario tras la fusión de las dos antiguas cajas gallegas y 260.940 euros a uno de los responsables de la oficina de integración, Oscar Rodríguez Estrada.

En las peticiones de devolución no aparece el que fuera presidente de Caixanova y copresidente de Novacaixagalicia, Julio Fernández Gayoso Gayoso, a quien atribuye cooperación con Pego, Gorriarán y Estrada.

El Estado es propietario actualmente del 90,6% de la entidad, tras inyectarle 1.162 millones de euros en 2010 -en el momento de la fusión- y otros 2.465 millones de euros en 2011, a través del FROB. Tras la nacionalización, la auditora BDO realizó un informe en el que concluyó que la contabilidad de Novacaixagalicia no reflejaba su "verdadera" situación patrimonial y otras tres compañías la valoraron en 188 millones de euros, explica la querella de Anticorrupción.