El Gobierno gallego destinará este año dos millones de euros a financiar los proyectos de las entidades que trabajan en inclusión social. La partida supone un incremento de un 29 por ciento con respecto al año pasado debido a que la crisis incrementa la demanda de comedores económicos, albergues o centros de acogida. Aunque la secretaria xeral de Política Social, Coro Piñeiro, aseguró ayer que la cifra de personas en situación de exclusión en Galicia "se mantienen constantes" pese a la coyuntura económica, sí reconoció que las circunstancias provocan "más dificultades" a las familias, sobre todo a las rentas medias y bajas, que se situarían "al borde del riesgo". No obstante, no ofreció datos exactos.

Las entidades de iniciativa social ven el panorama un poco más oscuro. De hecho, el responsable de la Cociña Económica de Ferrol, Antonio Tostado, señaló que "da miedo" el "incremento" en el número de ciudadanos que recurren a su ayuda este año y se pregunta si los fondos disponibles –tanto los facilitados por las diferentes Administraciones como los donados por los ciudadanos– resultarán suficientes.

Vigo no se libra de los estragos de la crisis. Según Pedro Pereira, del Banco de Alimentos de Vigo, es evidente que la crisis ha pasado factura a las industrias de la ciudad, específicamente a los astilleros, lo que ha provocado que "la proximidad a la exclusión social se haya incrementado una barbaridad". No obstante, el padre Carlos, representante de la Misión del Silencio de Vigo, ha achacado la exclusión social a un problema de "valores" y no económico.

Además de informar a las entidades de las ayudas a las que podrán concurrir desde hoy, Piñeiro les explicó durante un encuentro en Santiago que la Xunta ha aumentado la partida destinada a la Risga en un 13%, hasta los 25,2 millones de euros, y hasta un 3% las ayudas de emergencia social.

Piñeiro también anunció que en un par de semanas la Lei de Inclusión será debatida en el Parlamento de Galicia. El Consello Económico e Social aprobó a finales de abril el dictamen sobre la norma, a la que, en general, da su visto bueno. No obstante, consideran que la legislación debe incluir medidas para asegurar el cumplimiento de los plazos de la Risga y explicar por qué razones se limita a los mayores de 25 años su posible concesión. Además, critican que la Administración atribuya a las entidades de iniciativas sociales funciones que "propiamente" le deberían corresponder.