Un plazo máximo de 50 días. Ese es el tope que fija la ley estatal de morosidad para que las administraciones públicas paguen a sus proveedores. Una norma que los concellos dan por hecho que no pueden cumplir debido a la situación de ahogo financiero que arrastran desde el inicio de la crisis. Solo el 10% de los municipios, según alertan las empresas, saldan sus deudas en un plazo de entre 30 y 50 días. En el resto, los pagos no se hacen efectivos antes de seis meses e incluso algunos ya superan los dos años de espera.
Cansadas de reclamar el abono de las facturas apiladas en los cajones de las alcaldías gallegas, algunas empresas ya han llevado a la vía judicial a algunos concellos para exigir saldar esas deudas. "Ya se han interpuesto demandas judiciales contra ayuntamientos gallegos y el resultado ha sido efectivo. Las empresas cobraron el importe reclamado", confirma Andrés Sande, gerente de Asociación de Empresarios de Materiales para la Construcción (Asemaco), entidad que agrupa a 230 empresas de la comunidad.
Además de las primeras denuncias contra concellos por impagos, en Galicia también se interpusieron demandas personales contra los propios alcaldes. Los primeros regidores apercibidos en Galicia fueron los de Mondoñedo y Ribadeo en la pasada legislatura. Para saldar la deuda, la Justicia les amenaza con imponer multas personales en torno a los 1.200 euros. Incluso en algunas comunidades autónomas ya se ha abierto la posibilidad de que los regidores tengan que responder con su patrimonio personal de las deudas contraídas por sus ayuntamientos.
"Esto es solo el comienzo. Ya se ha dado margen suficiente desde que cambió la ley para que se adaptasen a los plazos de pago que fija. A partir de ahora, o cumplen o habrá un avalancha de denuncias", advierte Manuel Espiño Mejuto, presidente de la Patronal Gallega de Asociaciones de Proveedoras de la Construcción (Pgproc), que suma también patronales de fontanería, calefacción, saneamiento, electricidad y telecomunicaciones. Pero Espiño Mejuto, también vicepresidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad en España, va más allá y avisa de que las denuncias no solo serán contra los ayuntamientos que no atiendan sus pagos en 50 días –un plazo que se irá acortando hasta 2013, cuando el tope permitido será de tan solo un mes– sino contra los propios alcaldes. "Ya hay regidores que están teniendo que pagar con su patrimonio, como es el caso del de Córdoba, por las facturas acumuladas en su ayuntamiento", detalla el presidente de Pgproc.
Diferencias de plazo
Los ayuntamientos dan por hecho que no podrán hacer frente a los pagos en el plazo fijado por la ley estatal de morosidad. "Es como decirle a una familia que tiene que hacer frente a sus deudas a tocateja. Ese plazo no los podrá cumplir ningún concello. Es una economía utópica", mantiene el presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), el socialista Carlos Fernández. "Una cosa –matiza– es pagar algunas facturas en 50 días, otra muy distinta es tener que pagarlas todas en ese plazo".
"No es un plazo utópico, sino ¿por qué hay un 10% de concellos que si cumplen los plazos de pago?", pregunta Espiño Mejuto desde la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad. En la misma línea, el gerente de Asemaco apunta que la actividad económica de las administraciones está regulada por los presupuestos. "Únicamente tendrían que ajustarse a los presupuestos para cumplir con los plazos. Es de sentido común y solo se puede explicar este incumplimiento o morosidad, según el caso, a una deficiente gestión", advierte Andrés Sande.
Antes de la crisis, los ayuntamientos gallegos pagaban a las empresas que prestan los servicios básicos en el municipio y a sus proveedores en un plazo de entre 60 y 180 días. En la actualidad el 90% tiene alguna factura que se supera los seis meses.
Advertencias
Así se lo han advertido a los alcaldes de medio centenar de municipios gallegos. Bien a través de cartas o vía telefónica, empresas encargadas del suministro de agua y de la recogida de basura se han puesto en contacto con los ayuntamientos que más retraso acumulan en el pago de sus facturas para exigirles intereses de demora y advertirles de que si no saldan las deudas pendientes dejarán de prestar sus servicios.
