ERC, EH Bildu y BNG registran una comisión de investigación sobre Pegasus avalada por el PSOE

ERC ha registrado este jueves en el Congreso, con la firma de Bildu y BNG, su comisión de investigación sobre el espionaje con el programa Pegasus, cuya creación fue aceptada por el PSOE a cambio de que los independentistas les ayudaran a hacerse con la mayoría en la Mesa del Congreso. El portavoz de los socialistas, Patxi López, ha negado que tanto esta comisión de investigación, como la registrada por Junts y PNV sobre la deminada "operación Cataluña", tengan el objeto de controlar al poder judicial, como ha criticado el PP. Según ha defendido, deslizando su apoyo, la de Pegasus se centrará en "ver qué se ha hecho con esa herramienta" de espionaje, mientras que la pactada con jeltzales y posconvergentes "es para controlar a la policía patriótica" que se asoció al exministro del Interior del PP, Jorge Fernández Díaz.

El registro de sendas comisiones avanza la dinámica esta legislatura dentro del bloque de investidura, en el que deberá apoyarse Pedro Sánchez. La coordinación parlamentaria que mantendrán ERC, EH Bildu y BNG, por un lado, y Junts y PNV, por otro, con tensiones competitivas. Republicanos y abertzales ya firmaron un acuerdo de colaboración parlamentaria en la pasada legislatura y comparten grupo en el Senado. Junto al BNG se presentan en coalición a las elecciones europeas. Los posconvergentes y los jeltzales han reconstruido puentes desde que rompieran sus relaciones históricas tras la Declaración Unilateral de Independencia. A las reuniones de Andoni Ortuzar con el expresident Carles Puigdemont en Waterloo, se sumó este mismo jueves un encuentro en Sabin Etxea entre el presidente del Euzkadi Buru Batzar y el secretario general de Junts per Catalunya, Jordi Turull.

El pasado mes de agosto, cuando se constituyó el Congreso, el PSOE selló sendos acuerdos con ERC y Junts para, entre otras medidas, permitir el uso de lenguas cooficiales, prestar diputados para poder formar grupo parlamentario pese a no lograr los requisitos establecidos en el Reglamento, y crear comisiones de investigación sobre los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils de agosto de 2017 y sobre el espionaje a políticos catalanes y la denominada 'operación Cataluña' para desacreditar al independentismo. A cambio, estos partidos votarían a Francina Armengol como presidenta y así darían al PSOE y Sumar el control de la Mesa de la Cámara Baja.

65 personas afectadas

De esas condiciones solo faltaban por cumplirse las comisiones de investigación y Junts se adelantó el pasado viernes registrando, junto con el PNV, las relativas a los atentados islamistas y a la 'operación Cataluña' que se achaca al Gobierno de Mariano Rajoy.

Y ahora ERC, en compañía de Bildu y el BNG, presenta la suya para depurar responsabilidades sobre "el espionaje e intromisión a la privacidad e intimidad, a través del malware Pegasus y Candiru, a líderes políticos, activistas, abogados, periodistas, instituciones y sus familiares y allegados", como ha avanzado Europa Press.

Según el texto registrado, los hechos afectarían "como mínimo a 65 personas". Es por ello, que los partidos que promueven la investigación se refieren a "indicios de un espionaje sistemático y generalizado de orientación política".

En la exposición de motivos se recogen informaciones en las que se apunta a que en los últimos años, lo que afecta también a los gobiernos de Pedro Sánchez, se ha espiado al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y a sus antecesores Quim Torra, Carles Puigdemont y Artur Mas; a los expresidentes del Parlament Roger Torrent y Laura Borràs; a líderes de partidos políticos como Arnaldo Otegi (Bildu), Marta Rovira (ERC), Jordi Sánchez (Junts) o Anna Gabriel (CUP); y abogados como Andreu Van den Eynde o Gonzalo Boye, entre otros activistas independentistas.

Conclusiones en seis meses

Según la propuesta, a la que ha tenido acceso Europa Press, en el plazo de seis meses la comisión debe "conocer al detalle la implicación de las instituciones del Estado en las presuntas intromisiones ilegales, conocer la presunta responsabilidad y el mal uso de las estructuras técnicas en el conjunto de los departamentos ministeriales y la vinculación de dichas estructuras con el espionaje, y conocer al detalle todas las actuaciones del Ministerio de Exteriores con relación a las investigaciones llevadas a cabo de manera presuntamente ilegal, sin estar sub judice, de las delegaciones de la Generalitat en el extranjero".

También hay que "conocer los contratos, costes y procesos de contratación para el presunto desarrollo y/o compra del software Pegasus u otras herramientas usadas para el espionaje por parte de los estamentos oficiales, e investigar todas aquellas iniciativas llevadas a cabo desde las instituciones del Estado, a fin y a efecto de perseguir la disidencia política".

Por último, exigen "medidas de resarcimiento a todos aquellos afectados por las investigaciones ilegales, así como la asunción de las responsabilidades que se deriven del mal uso de las estructuras gubernamentales", así como "proponer las medidas oportunas de control, investigación y prevención para blindar la democracia de los abusos de la fuerza del Estado".

Junts quiere demostrar el "lawfare"

Las comisiones de investigación que registró Junts ya están listas para debatirse en el Pleno del Congreso, pues ya fueron calificadas por la mesa del Congreso, y la de ERC recibirá el visto bueno la próxima semana. Solo restará poner fecha para debatirlas y votarlas en el Pleno del Congreso.

En el acuerdo suscrito por PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez se habla de aprovechar las nuevas comisiones de investigación prometidas para profundizar en la amnistía a los independentistas encausados a lo largo de los diez últimos años. Los de Carles Puigdemont quieren que lo que decida el Congreso sirva para demostrar el supuesto 'lawfare' o 'guerra judicial' y así revisar otras causas que afectan a correligionarios.

Precisamente esa mención al 'lawfare' en el acuerdo del PSOE y Junts soliviantó a las principales asociaciones judiciales y al Consejo General del Poder Judicial, que interpretaron que el Congreso iba a fiscalizar la actuación de los tribunales.