El Constitucional avala el impuesto a las grandes fortunas, que fue recurrido por la Xunta

El pleno del Tribunal Constitucional valida el impuesto de grandes fortunas aplicado por el Gobierno frente al recurso que presentó el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid. A este Gobierno autonómico le siguieron otras del PP: la Xunta, Andalucía y Murcia.

La ponencia respaldada por la mayoría de magistrados señala que el citado impuesto no supone una invasión por parte del Estado de las competencias autonómicas en materia fiscal. 

El texto, elaborado por la magistrada del sector progresista María Luisa Balaguer, llega a afirmar que las facultades autonómicas no pueden interpretarse hasta el punto de neutralizar las estatales.

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La medida tributaria supone un tipo del 1,7% para los patrimonios entre 3 y 5 millones de euros; del 2,1% para los patrimonios entre 5 millones y 10 millones; y del 3,5% para aquellos patrimonios superiores a 10 millones de euros. Sólo para Madrid, el Gobierno de Díaz Ayuso estima que el impuesto provocará que la Comunidad de Madrid tenga unas pérdidas de entre 1.200 y 1.600 millones de euros al año, porque frenará las inversiones extranjeras en la región.

En su impugnación, Madrid defendía que el nuevo tributo podría vulnerar, entre otros, los principios de seguridad jurídica, capacidad económica y no confiscatoriedad, así como la autonomía política y financiera de las comunidades autónomas. Además de esta comunidad presentaron recurso los gobiernos de Andalucía, Galicia y Murcia, por lo que lo previsible es que lo resuelto ahora se reputa en las resoluciones aún pendientes en favor de la tasa aplicada a los ricos.

También hacía referencia el recurso la tramitación de este impuesto se ha llevado a cabo en un proyecto de ley "que no tenía nada que ver con este tributo", sin pasar por los procedimientos parlamentarios correspondientes en palabras del vicepresidente y portavoz del Gobierno madrileño, Enrique Ossorio.

Otro de los aspectos que denunciaba el Ejecutivo madrileño es "la inseguridad jurídica" del nuevo impuesto, por sus efectos retroactivos para todo 2022 pese a su entrada en vigor a finales de diciembre, lo que conlleva "una carga fiscal" para los contribuyentes que no contaban con ello.