El Gobierno concluye que la "descafeinada" Diada "quita fuerza" a Junts para negociar la investidura

Lo ocurrido el lunes en las calles de Barcelona, con una manifestación de la Diada menos concurrida que otros años y marcada por la división en el independentismo, no fue “ninguna sorpresa” para el Gobierno. El PSOE lleva tiempo defendiendo que su hoja de ruta frente a la crisis territorial, basada en la distensión y el diálogo, lejos de alimentar a ERC y Junts como sostiene el PP, está desinflando sus expectativas. Se vio en las elecciones catalanas de 2021, cuando los socialistas catalanes fueron el partido más votado, aunque no pudieron gobernar. Se vio en los comicios generales del pasado 23 de julio, en los que el PSC logró más apoyos que la suma de todas las formaciones soberanistas. Y se volvió a ver, según los colaboradores de Pedro Sánchez, este Onze de Setembre “descafeinado”, que coincide con las noegociaciones de investidura, ante las que tanto republicanos como posconvergentes necesitan mostrar su empuje. 

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“No lo consiguieron”, sostienen en la Moncloa. Según los datos de la Guardia Urbana, hubo 115.000 participantes, muy lejos de las grandes movilizaciones de años anteriores, a excepción de los marcados por la pandemia del coronavirus. Los socialistas ya contaban con un “pinchazo” de este tipo. Pero aunque no supusiera ninguna sorpresa, la manifestación sí produjo alivio en el entorno del presidente en funciones. 

Ahora, tras la Diada, cuando llega el momento de la verdad y Junts (mucho más reacio al entendimiento que ERC) tiene que decidir si quiere repetir elecciones o alcanzar un pacto con el PSOE a cambio de su apoyo a la reelección de Sánchez, el partido de Carles Puigdemont, explican en el entorno del líder socialista, tiene “menos fuerza” que antes. 

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El estado de ánimo

Los negociadores socialistas continúan sin tener del todo claro cómo va a terminar este proceso. Son optimistas: Junts ya ha plasmado su disposición a negociar, como se vio con la elección de Francina Armengol al frente del Congreso de los Diputados, y Sánchez ha dado muestras de estar dispuesto a explorar un carpetazo judicial del ‘procés’, se llame o no amnistía. Al mismo tiempo, insisten en que todo depende de una persona, Puigdemont, con el que las relaciones, en uno y otro sentido, están marcadas por la desconfianza.

Pero la modesta afluencia de la manifestación del Onze de Setembre contribuye a alimentar sus expectativas. A juicio del PSOE, viene a reforzar la idea con la que también, más allá de las contrapartidas, trabajan para convencer al ‘expresident’ de la Generalitat: a Junts, que obtuvo siete escaños y fue quinta fuerza en votos en Cataluña hace algo más de mes y medio, no le conviene volver a pasar por las urnas. 

El argumento también sirve a los socialistas para defenderse de las continuas acusaciones sobre una supuesta ruptura de España que le llegan del PP y la vieja guardia del PSOE, con Felipe González y Alfonso Guerra a la cabeza. Los indultos a los líderes del ‘procés’, la mesa de diálogo con el Govern, la derogación de la sedición y la rebaja de la malversación, explican los colaboradores de Sánchez, no han fortalecido al independentismo. Al contrario. Ahora se encuentra más débil. Las consultas de autodeterminación y la declaración unilateral de independencia tuvieron lugar con el PP en el Ejecutivo central. No con el PSOE.   

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“Lo ocurrido en esta Diada se corresponde con una bajada de la aceptación de los planteamientos independentistas, algo que también muestran las urnas -argumentan en la Moncloa-. Están perdiendo apoyo y nosotros vamos a hacer que lo sigan perdiendo, gracias a la política y el diálogo. Los niveles más altos de respaldo al independentismo siempre han sido cuando ha habido confrontación”. 

La extradición de Puigdemont

Aun así, los socialistas son conscientes de que pisan un terreno delicado. Evitan cargar en público contra Junts. Ya no dicen, como aseguraban hasta los recientes comicios generales, que la amnistía es imposible por “inconstitucional”. También evitan defender que Puigdemont, a quien el Tribunal Supremo reclama por el referéndum del 1-O, deba ser extraditado, como se comprometió Sánchez en noviembre de 2019. 

Preguntada directamente por si seguían defendiendo que el ‘expresident’ rinda cuentas ante la Justicia, la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, contestó este martes tras el Consejo de Ministros: “Máximo respeto a los tribunales. Al Gobierno le corresponde hacer política. Sobre eso hemos basado nuestra acción: la resolución de los conflictos políticos desde la política. Ha sido positivo para la convivencia en Cataluña y ha sido ratificado por la ciudadanía en las urnas”. 

Al igual que en muchas otras ocasiones durante las últimas semanas, Rodríguez evitó concretar nada sobre la negociación con Junts, escudándose en que de momento quien tiene el encargo del Rey para intentar llegar a la Moncloa es Alberto Núñez Feijóo, que a finales de septiembre cosechará el ‘no’ del Congreso de los Diputados. “Es de esa investidura de la que ha de hablarse ahora -dijo la ministra de Política Territorial-. La voluntad del presidente del Gobierno es presentarse tras el fracaso de Feijóo. Entonces hablaremos de nuestra senda y nuestro proyecto, que sí o sí pasa por el marco constitucional y el diálogo”.

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