La Mesa del Congreso suspendió ayer a los cuatro diputados en prisión preventiva por su participación en el proceso secesionistas catalán. Unidas Podemos no respaldó la decisión, que tenía el informe favorable de los letrados de la Cámara, y marcó sus primeras distancias con el PSOE, que apoyó la decisión junto con el PP y Ciudadanos. Ahora falta por determinar el modo en que la suspensión altera las mayorías del Congreso y si la medida facilitará que Pedro Sánchez pueda conseguir la investidura al primer intento con 174 votos en lugar de los 176 en los que ahora está fijada la mayoría absoluta. Partido Popular y Ciudadanos se oponen.
Ocurrió lo previsto, porque la suspensión de Oriol Junqueras, de ERC, Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull, de JxCat, resultaba inevitable, aunque hubiera discrepancias sobre la cobertura jurídica de la medida. Después de un tira y afloja entre la Sala del Supremo que juzga a los líderes independentistas y la Mesa del Congreso sobre a quién correspondía la decisión podría decirse que la solución es mixta: resolvió el órgano que rige la vida parlamentaria, pero no en base a su reglamento sino al amparo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, como la Mesa y la Fiscalía pretendía que lo hiciera el Supremo.
El informe de los letrados del Congreso, solicitado por la presidenta Meritxell Batet entre críticas de PP y Cs, que defendían una suspensión inmediata, apunta a que el reglamento de la Cámara no ampararía la medida al faltar uno de los requisitos fijados, el de la petición del suplicatorio por el Supremo. El Alto Tribunal considera que esa petición resulta innecesaria dada la fase en que se encuentra ya el proceso que se sigue contra los diputados, con la vista oral a punto de terminar tras de cuatro meses de sesiones. En ausencia de ese requerimiento, los servicios jurídicos de la Cámara sostienen que "debe entenderse de aplicación, también automática" el artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que prevé la suspensión de todo cargo público procesado por rebelión.
"Seguridad jurídica"
Ante una "situación inédita", Batet defendió ayer que "en ningún caso una decisión de estas características debe tener carácter político o discrecional". Acordar la suspensión exigía la "mayor seguridad jurídica", por lo que entiende que requería el asesoramiento al que Partido Popular y Ciudadanos se opusieron. Los letrados advierten en su informe que, tras "adoptar las medidas precisas para dar plena efectividad a la previsión legal", la Mesa tendrá que "fijar ahora los efectos" que se derivan de la suspensión.
El órgano que gobierna la actividad parlamentaria tendrá que determinar el número de "miembros de derecho de la Cámara" durante el tiempo que dure la suspensión, a los efectos del cómputo de la mayoría absoluta, además de sus implicaciones en la representación en los distintos órganos del Congreso. La Mesa tendrá que fijar el umbral de la mayoría absoluta -176 diputados con todos los parlamentarios, 350, en plena condición como tales-, un aspecto determinante para la sesión de investidura. Como consecuencia de la suspensión, la mayoría absoluta, requisito para salir presidente al primer intento, podría reducirse a 174 votos. Batet fue elegida presidenta del Congreso en la sesión constitutiva con 175 votos, los que suman PSOE. UP PNV, Coalición Canaria, Compromís y el Regionalista de Cantabria.
PP y Ciudadanos se oponen a que la Mesa del Congreso rebaje la mayoría absoluta. Teodoro García Egea, secretario general de los populares, rechaza facilitar la investidura de Sánchez por "una carambola". José Manuel Villegas, de Ciudadanos, asegura que si ERC y Junts quieren tener todos sus votos deberán relevar a los diputados suspendidos.
De nuevo serán los letrados del Congreso quienes orienten sobre una medida, la de la posible reducción de la mayoría absoluta, que ya se adoptó en la investidura de Felipe González en 1989, al no estar la Cámara al completo, por encontrarse 18 diputados pendientes de una resolución judicial. Otros cuatro, de Herri Batasuna, no pudieron acceder a su representación al acatar la Constitución "por imperativo legal". Un precedente que puede marcar ahora la tendencia.
