Un nuevo caso de corrupción que golpea de lleno al PP enturbió ayer aún más el complicado proceso para formar gobierno. Una gran operación lanzada por la Guardia Civil, y centrada en ayuntamientos valencianos donde gobernaron los populares, la Diputación de esa provincia y la propia Generalitat, acabó con la detención de 24 personas -entre ellas Alfonso Rus, expresidente de la diputación y del PP provincial y exalcalde de Xàtiva-, 29 imputaciones y 33 registros judiciales en las tres provincias de la comunidad.
A todos ellos les vincula el Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia con el cobro de comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones amañadas en el ámbito de actuación de la empresa pública Imelsa, dependiente de la Diputación de Valencia.
También fueron arrestados la exedil de Cultura del Ayuntamiento de Valencia María José Alcón; el exdiputado del PP en el Parlamento regional David Serra y el ex secretario autonómico de Educación Máximo Caturla.
Además, la Guardia Civil detuvo al exvicepresidente de la Diputación y exalcalde de Moncada Juan José Medina; el ex jefe de sección de Planificación de la Diputación Salvador Deusa, el exalcalde de Genovés Emilio Llopis, entre otros. Y también fueron arrestados 13 empresarios, dos arquitectos y a un extrabajador del Consistorio valenciano.
Entre los imputados (investigados, según la nueva figura judicial), está el portavoz del PP en el Ayuntamiento de la capital del Turia, Alfonso Novo, que sucedió a la exalcaldesa y ahora senadora Rita Barberá al frente del partido en el Consistorio.
La investigación se inició a raíz de una denuncia presentada en julio de 2014 ante la Fiscalía por la diputada provincial de Esquerra Unida Rosa Pérez Darijo, referida a supuestas irregularidades en Imelsa, a las que adjuntó diez horas de grabaciones guardadas por el exgerente de esta empresa pública Marcos Benavent.
Sin embargo, la práctica de diligencias permitió descubrir que el ámbito de actuación de la trama corrupta era "mucho más extenso" de lo que se recogía en la denuncia inicial, y llevó a la Fiscalía a presentar en marzo una querella, que recayó en el juzgado de Instrucción número 18.
Prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales son los delitos contra la administración pública que se investigan en la causa.
El PP de la comunidad valenciana abrió expediente disciplinario a todos los militantes detenidos e imputados y les suspendió cautelarmente de militancia.
