Las principales consecuencias del "caso Imelsa" habían sido, hasta ahora, políticas, ya que acabaron con la suspensión de militancia de dirigentes del PP como Alfonso Rus y Máximo Caturla, en la Diputación de Valencia, y de María José Alcón, en el Ayuntamiento de la capital. Rus también se vio obligado a apartarse temporalmente (desde mayo) de la presidencia de la Diputación de Valencia -a la que ya no volvió, dado que el PP perdió la Presidencia en las elecciones municipales-, tras difundirse unas grabaciones en las que supuestamente contaba comisiones a razón de "mil, dos mil" y hasta "dos millons de peles".
Hasta ahora, el foco se había situado sobre quien fuera gerente de Imelsa de 2007 hasta enero de 2015, Marcos Benavent, imputado en esta causa y quien en una peculiar comparecencia ante los medios a finales de mayo confesaba que se había llevado "de todo", pues era "un yonqui del dinero", y alertaba de que iba a provocar "mucho daño".
Justo ocho meses después de esa amenaza, una operación policial se salda con las detenciones de Rus y de Caturla, quien también fue gerente de la empresa pública Ciegsa, dedicada a la construcción de colegios, en la que la actual Generalitat ha detectado sobrecostes de mil millones de euros y cuya sede también ha sido registrada hoy.
