La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha reivindicado al Ministerio de Sanidad y Política Social que se regule el ejercicio del derecho de huelga en los servicios de interés general para "garantizar los derechos de los consumidores".

Esta es una de las diez propuestas que la OCU ha trasladado al Gobierno con motivo de la celebración, hoy, del Día Mundial del Consumidor.

Esta organización ha informado en un comunicado de que en 2010 recibió un total de 388.620 reclamaciones, lo que supone un 22 por ciento más que el año anterior, y achaca ese incremento a la crisis económica, a las huelgas de controladores y la subida del precio de la electricidad.

Según la OCU, este aumento significa que el consumidor español reclama "cada vez más" porque considera que éste es uno de los "mejores instrumentos" para la defensa de sus intereses, y que "poco a poco" las cifras de reclamaciones en España se van igualando con las de otros países europeos, que según esta misma fuente "llevan años ejerciendo con fuerza sus derechos".

Los mayores incrementos en las reclamaciones se han dado en el sector laboral (52 por ciento más), el transporte aéreo (49 por ciento), los seguros (37 por ciento), los impuestos (33 por ciento) y la telefonía (27 por ciento).

Las reclamaciones relacionadas con la vivienda han aumentado un 20 por ciento mientras que las relacionadas con las entidades financieras lo han hecho un 14 por ciento.

Según la OCU, esto se debe a las "altas comisiones que cobran en algunos de sus productos" y por la "falta de crédito al ciudadano".

A la vista de estos datos, la OCU ha propuesto medidas como regular los servicios de atención al cliente o elaborar una normativa que permita a los consumidores obtener una compensación económica sin necesidad de acudir a la vía judicial.

Asimismo, esta organización también ha reivindicado la regulación de los servicios de alerta a través de SMS Premium para que el usuario tenga que expresar su deseo de recibir este tipo de servicios.

Otras de sus recomendaciones son mejorar el control de la publicidad engañosa, la protección de los usuarios del servicio eléctrico mediante el mantenimiento de la Tarifa de Último Recurso, o garantizar la seguridad de los consumidores mejorando las inspecciones de productos.