Fandicosta y sindicatos acuerdan que el ERTE de la planta de Moaña durará tres meses y afectará a 69 empleados

Se reducen en 42 trabajadores afectados la cifra inicial de 111 que pedía la compañía

Instalaciones de Fandicosta en Domaio

Instalaciones de Fandicosta en Domaio / Marta G. Brea

E. P.

La pesquera gallega Fandicosta y los sindicatos Comisiones Obreras (CC.OO.), UGT y CIG han llegado a un preacuerdo sobre las condiciones del expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) que la dirección de la empresa pretende impulsar en sus instalaciones de Domaio, en Moaña (Pontevedra).

Finalmente, el expediente estará vigente entre el 15 de enero y el 19 de abril de 2023, tres meses y medio menos que lo planteado por la compañía al inicio de las negociaciones. Así, afectará un máximo de 89 días naturales por cada trabajador y no superará los 69 empleados (42 menos que los 111 que pedía la compañía).

Entre otras condiciones, se creará una comisión de seguimiento del ERTE compuesta por una persona de cada sindicato del comité que velará por el correcto funcionamiento del mismo.

En cuando a las paradas de cada persona, se realizará una reunión una semana antes de que acabe el mes y se preavisará con 15 días de antelación. En enero, la mitad irá una semana al ERTE y la otra mitad, la siguiente.

"En el supuesto de ser necesario trabajar, el preaviso ordinario para volver será de 5 días. Este plazo puede ser de 48 horas, pero solo en caso de urgencia y con información a la comisión", recogen los sindicatos en un comunicado.

Las tres organizaciones sindicales han valorado positivamente este preacuerdo, que ha sido votado a favor en asamblea con todos los votos positivos y una abstención.

"Aunque lo intentamos, no pudimos conseguir mejoras económicas, pero rebajar el tiempo de ERTE, los días de regulación y el número de personas afectadas supone un avance importante y menos pérdida económica", reivindican.

Fandicosta entró en preconcurso de acreedores el pasado mes de octubre. En la actualidad se encuentran en pleno proceso de búsqueda de posibles compradores de la compañía. Según indicó la semana pasada la Xunta, que posee más del 12% de las acciones, el objetivo es seleccionar la oferta que tenga en cuenta un plan de viabilidad industrial y maximice la preservación de los puestos de trabajo.