Un inversor se querella contra EiDF y toda su cúpula por estafa y organización criminal

El CEO de ADSLZone acusa a Romero y su hermano de engañarle para poner 500.000 euros en la ampliación de capital del grupo

Fernando Romero, hasta ayer CEO de EiDF.

Fernando Romero, hasta ayer CEO de EiDF. / Santos Álvarez

Julio Pérez

Julio Pérez

EiDF lo tenía casi todo preparado para dar el salto al Mercado Continuo. Tras multiplicar por más de seis el valor de las acciones en el año y medio transcurrido desde su estreno en el BME Growth, una plaza bursátil para pymes en crecimiento, los accionistas aprobaron en una junta extraordinaria a finales de diciembre del pasado año la extensión del consejo de administración de 8 a 9 miembros para dar entrada a una directiva independiente, la creación de una reserva indisponible de capitalización de 703.280 euros para los próximos cinco años siguiendo el dictado de la ley del Impuesto sobre Sociedades y el nombramiento de PwC como nueva auditora. Su fundador y hasta ayer consejero delegado, Fernando Romero, concentraba en aquel momento el 77% del capital y el free float era de solo el 15%, muy por debajo del 25% mínimo exigido para cotizar en el Mercado Continuo. El propio Romero adelantaba en una entrevista a Faro que la ampliación prevista para hacer la mudanza estaría “entre los 100, los 150 o los 180 millones de euros”. También eso estaba ya muy avanzado. La operación alcanzaría los 150 millones de euros, según desveló ayer Javier Sanz, el popular emprendedor al frente del Grupo ADSLZone y uno inversores que decidieron entrar en la ampliación. Asegura que puso 500.000 euros y que no ha vuelto a saber nada del dinero.

De él viene la primera querella que se conoce contra EiDF y su cúpula después del escándalo por la suspensión de la negociación en Bolsa durante cuatro meses por el retraso en la presentación de las cuentas del ejercicio 2022 y las supuestas irregularidades contables que, según la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), constan en el informe forensic realizado por Deloitte para analizar las discrepancias sobre la realidad de la compañía entre sus responsables y PwC. Sanz denuncia a Romero y su hermano Óscar, a todo el consejo de administración, a la propia EiDF y a la sociedad instrumental empleada teóricamente para la ampliación (Huelva Capital) por supuesta apropiación indebida, estafa, falsedad documental y organización criminal.

Reunión en febrero

“Os pido máxima difusión”, reclama Javier Sanz a través de un vídeo desde su perfil de Instagram. La fulgurante trayectoria bursátil de EiDF le llamó la atención “prácticamente desde el principio”. Incluso reconoce haber hecho alguna operación de trading con el valor. En febrero se reúne con los Romero. Óscar no está en el organigrama oficial de la compañía, pero “es quien maneja los hilos y quien ha sido mi interlocutor durante todos estos meses de suspensión”, asegura el CEO de ADSLZone. En ese encuentro se analizan los principales parámetros de la empresa. “Nos dicen que en el primer trimestre de 2023 ya han hecho todo el ebitda de 2022, que no paran de entrar fondos americanos, que tiene ya cerrada una ampliación de capital de 150 millones a 35 euros por acción, que tiene valoraciones de más de 3.000 millones, que van a superar por muchísimo el plan de negocio y que van a tener que hacer otro con un guidance muy superior porque va todo como un auténtico tiro”, narra. “Es decir –añade–, nos lo pintan todo de luz y color”.

De la cita sale el compromiso de Javier Sanz de acudir a la ampliación de capital, aunque a un precio algo inferior, 32 euros por acción. Su inyección fue de 500.000 euros que, apunta, transfirió en marzo a la sociedad instrumental Huelva Capital. Cuando pocas semanas después la CNMV deja en el aire la cotización de la compañía por no entregar a tiempo las cuentas auditadas de 2022, “hablo con Óscar Romero y me dice textualmente que es una discrepancia mínima, que son puntos y comas”. Incluso le adelanta, según el testimonio de Sanz, que la medida se levantaría “en los próximos días”.

Tras la suspensión

“Fui de los primeros en defenderla”, subraya el inversor, porque “tenía toda la información anterior y parecía una buena compañía que no había llegado a presentar las cuentas a tiempo”. La prolongación de la suspensión y las primeras noticias que salieron sobre las importantes diferencias entre los directivos y su auditora “obviamente nos pone en alerta”, admite Sanz, que afirma que, como él, hay “muchas personas, muchos empresarios, que habíamos transferido muchísimo dinero a los hermanos Romero, a su sociedad instrumental”.

Ante la vuelta de EiDF a cotizar a finales de agosto y los desplomes de las primeras jornadas “yo hablo con Óscar y me dicen que esperan recuperar el valor de cotización de antes de la suspensión en poco tiempo”. Ayer cerró la sesión a 4,96 euros, un 3,7% menos que el viernes, cuando la acción rebotó cerca del 8% con el anuncio de que el fondo luxemburgués Laurion Group alcanzó más del 5% del capital y se coloca como cuarto gran socio.

“En todo este periodo nos dicen que, obviamente, como la ampliación de capital no se va a poder llevar a cabo, nos van a devolver el dinero que hemos transferido a la famosa Huelva Capital”, relata Sanz. Esa sociedad tuvo como presidente a Óscar Romero hasta agosto de 2022, según consta en el Registro Mercantil. Ahora figura bajo el amparo de Huelva Eficiencia Energética y tiene como apoderados a Jorge Raluy Ayats, a su vez administrador único de HZ EiDF Energy, patrocinadora de eventos en el País Vasco; y a Manuel Mojarro Soler, vinculado también con Romero. “Primero nos dieron largas y luego nos dicen que cinco días después de que comience a cotizar nos devuelven el dinero –detalla Sanz en el vídeo–. Ya os podéis imaginar cuál ha sido el desenlace final: no han devuelto ni un solo euro”. El inversor señala que a otros involucrados en la ampliación les han reintegrado “parte” de su cantidad, “a otros que les van a hacer un calendario de pagos, pero la realidad es que se han quedado con cientos y cientos y cientos de miles de euros”.

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EiDF se daba un plazo máximo de seis meses para encontrar un nuevo CEO en el plan de refuerzo corporativo que lanzó el pasado agosto, cuando volvió a cotizar tras cuatro meses suspendida en el BME Growth por el incumplimiento del plazo legal de presentación de las cuentas anuales. No fue un regreso feliz. Entre dudas por el negocio y los reproches de la CNMV a supuestas irregularidades, la cotización se desplomó. Los cambios de organización interna buscaban darle la vuelta a la situación. Y esa es la labor encomendada a Joaquín Galí Rogent. El consejo de administración, que seguirá presidido por el fundador, Fernando Romero, le nombró ayer “primer ejecutivo” de la compañía. Destaca su “sólida formación en finanzas corporativas” y una carrera “en puestos directivos y como miembro de los órganos de administración de diversas empresas en sectores tales como el tecnológico, la ingeniería, las telecomunicaciones o la defensa”. Galí habla de EiDF como “el éxito de un proyecto único en el mercado español” apoyado “por un equipo profesional de primer nivel”.