Los nuevos convenios rescatan las cláusulas antiinflación y fijan subidas superiores al 3%

El Gobierno de António Costa quiere que Portugal se convierta en la “escuela de turismo de Europa”, con una mayor capacitación laboral –en torno a la mitad de sus profesionales tienen hoy únicamente la educación primaria– y la incorporación de cerca de 200.000 afiliados a medio y largo plazo. Es una tarea hercúlea no solo por la magnitud de esta cifra, sino, y sobre todo, por los pobres alicientes que aporta el sector para contratar personal. Los sueldos en las empresas de alojamiento y restauración rondan los 770 euros mensuales en el norte del país, según la Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDRN), una entidad autónoma pero dependiente del propio Ejecutivo de Lisboa. De hecho, el pobre peso de la negociación colectiva en la economía lusa ha provocado una abrupta pérdida de poder adquisitivo en todo tipo de profesiones, sin visos de ser revertida. Un coladero para el talento contra el que se conjuran sindicatos y patronales en Galicia, no sin alguna polémica, con acuerdos laborales renovadamente más generosos. Vuelven los convenios colectivos con cláusulas de revisión salarial, como se desprende de una veintena de pactos alcanzados en el último semestre en las provincias de Pontevedra y Ourense. Dan cobertura a más de 70.000 personas.

El último en inscribirse en el Registro de Convenios (Regcon) ha sido el pontevedrés de mármoles y piedras, del que dependen 812 trabajadores. Es un acuerdo de tres años, con subidas del 3% los dos primeros ejercicios y de otro 2,75% en el último. Pero incluye un escudo antiinflación, una cláusula de revisión que había desaparecido de buena parte de este tipo de pactos laborales. Si el IPC llega a medrar más de un 10% entre enero de 2022 y 2024, los sueldos se revalorizarán al año siguiente (2025) en los mismos porcentajes, con un tope máximo del 13%. Eso sí, sin efectos retroactivos y sin derecho a la percepción de atrasos. Misma salvaguarda que se ha introducido en el nuevo convenio de rematantes y aserraderos de maderas, con 800 trabajadores, y que incluye una revalorización de los sueldos del 4% para los dos años de vigencia (2022-2023). “En el supuesto de que el IPC registrase un incremento superior al acordado, se efectuará una revisión salarial en dicho exceso, con efectos del 1 de enero”. En todos los casos analizados, a excepción de Atunlo O Grove (155 empleados) y Metalships & Docks (53), los convenios nuevos parten de una subida de sueldos para este año del 3%.

Poder de compra

Ahora bien, y aunque la inflación se haya moderado ahora al umbral de los dos puntos a nivel interanual en Galicia, estas mejoras retributivas incluidas en los convenios no corrigen la fuerte pérdida de poder adquisitivo de los últimos meses. Uno de los mejores ejemplos lo aporta el convenio de comercio de muebles, que en Pontevedra afecta a algo más de 600 personas. Estaba más que desfasado, con las nóminas por debajo del salario mínimo interprofesional y sin subidas para los ejercicios 2019 y 2020. Para este año en curso, el convenio recoge una mejora de las nóminas del 7,62%, hasta alcanzar un dependiente un sueldo mensual de 1.028 euros.

Los 25.000 trabajadores de la construcción están bajo el paraguas de un acuerdo que ha incluido una subida salarial del 4,75%, y que será actualizado en caso de que el IPC se desvíe a final de año por encima de los tres puntos. Es una posibilidad que incluyen los analistas de la Fundación de Cajas de Ahorros (Funcas) en su panel de previsiones de inflación, y que apuntan a una subida del indicador hasta el 5% en diciembre, para volver a descender a lo largo del año próximo de forma progresiva hasta una media anual del 3,2%. Si se produce una desviación importante, los trabajadores del metal de Pontevedra también están protegidos con una cláusula de revisión, que permitiría una mejora de las nóminas de hasta el 5%. Con cerca de 30.000 empleados, este es el convenio sectorial de mayor relevancia de toda Galicia y, este año –huelgas mediante–, el más litigioso de todos cuantos se han negociado.

Gefco España (182 trabajadores), las empresas de carpintería de ribeira, de comercio del metal, la pesquera Marfrío o el comercio metalúrgico de Ourense son otros de los convenios que, o bien ha incluido una cláusula de garantía salarial en la redacción del nuevo documento o vinculan la actualización de las nóminas directamente con el avance del IPC. Las compañías de comercio vario de A Coruña, con más de 35.600 personas afectadas, aplicarán una subida del 13,5% en los sueldos (vigencia 2022-2025), con una cláusula de revisión que no solo mejorará los sueldos. “En el supuesto de que el IPC real, al finalizar los años 2023, 2024 y 2025, superasen, respectivamente, los incrementos salariales pactados para cada uno de ellos, se incrementarán las tablas salariales, el plus de permanencia y el plus de transporte, de cara al año siguiente, sin ningún tipo de atrasos, y con la limitación de un punto sobre el incremento salarial pactado cada uno de los años”, expone el acuerdo. Grupos como Kiwi Atlántico acordaron con los sindicatos una revalorización del 8,5% para dos años, y el astillero Construcciones Navales Paulino Freire (Freire Shipyard) ha fijado un tope del 7,5% en caso de que en este 2023 se produjese una imprevista y rápida –ninguna casa de análisis contempla esta posibilidad– escalada inflacionaria.

De acuerdo a la última encuesta de costes salariales, relativa al primer trimestre, el salario promedio en Galicia ascendió a 1.710 euros (coste salarial ordinario), con la industria (1.926 euros) una vez más como la actividad que mejores remuneraciones ofrece. Con buena parte de sus empresas con problemas actuales –o ya previstos para futuro– de retención o formación de talento, aunque con un aliciente económico que confronta con los escasos 926 euros que, también según estadísticas oficiales del CCDRN, se paga en Portugal al mes en trabajos industriales.

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