La Audiencia Nacional rechaza juzgar el “caso Massó” y reitera que Caixa Galicia quebró la fusión

La autopsia encargada por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) a la cartera inmobiliaria de Novacaixagalicia tras inyectarle más de 9.000 millones de euros de fondos públicos pasó de puntillas por las operaciones de la entidad coruñesa. Nunca se llegaron a conocer públicamente los desvaríos con el ladrillo de Caixa Galicia que llegaron a manos de la Fiscalía. Solo en el rascacielos Intempo de Benidorm, calificado por la prensa extranjera como “metáfora de la locura” de la construcción en España en aquellos tiempos, inyectó más de 100 millones de euros. En la inmobiliaria Astroc, paradigma de la burbuja del sector en la que llegó a ser accionista de referencia, la deuda superó los 300 millones. Dos ejemplos de la “desafortunada apuesta de expansión”, la “política agresiva de crecimiento” sin el refuerzo de los controles internos y el “fuerte deterioro del perfil de riesgo supervisor” que el Banco de España diagnosticó en su último estudio de las tripas al negocio liderado por José Luis Méndez antes de la fusión con Caixanova. Paradójicamente, la encargada de rastrear las posibles irregularidades de Caixa Galicia fue PricewaterhouseCoopers (PWC), la misma auditora que avaló durante años las cuentas de la entidad sin atisbar su agujero multimillonario.

Hasta la Fiscalía sí llegaron tres operaciones de la etapa de Caixanova en solitario: un crédito de 67,1 millones de euros concedido a una promotora vinculada a Copasa para una macrourbanización en Rivas-Vaciamadrid, otro de 74 millones para reflotar la conservera Alfageme y uno de algo más de 43 millones para construir el Complejo Residencial Marina Atlántica, diseñado por Norman Foster, en los terrenos de la antigua industria Massó, en Cangas do Morrazo. Las dos primeras ya fueron juzgadas. La Audiencia Nacional descartó todo tipo de ilegalidad o la existencia de algún plan entre los antiguos directivos de la entidad para actuar en beneficio propio o de terceros. Todo lo contrario. En la operación de Rivas-Vaciamadrid, por ejemplo, la sentencia asegura que los hechos reales son “radicalmente diferentes” a lo que esgrimieron las acusaciones.

El caso Massó todavía está a la espera. El juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional dictó el auto de apertura del juicio oral hace cuatro años, el 4 de julio de 2019. Se imputa un delito societario continuado en su modalidad de administración desleal de gestión fraudulenta de patrimonio social a varios altos cargos de Caixanova, entre ellos el expresidente, Julio Fernández Gayoso, y el fue director adjunto, Gregorio Gorriarán. Los acusados reclamaron desde el inicio por la falta de competencias de la Audiencia Nacional, que, efectivamente, acordó inhibirse a favor de la Audiencia Provincial de Pontevedra. El Ministerio Fiscal, junto a la Abogacía del Estado y Abanca, recurrieron, pero la Audiencia Nacional rechazó sus pretensiones. En cambio, la Audiencia pontevedresa aceptó la cuestión de competencia por declinatoria planteada por los tres y volvió a devolver el asunto a la Audiencia Nacional, que acaba de pedir al Tribunal Supremo que ejerza de árbitro.

El Tribunal Supremo ratifica que la Audiencia Nacional no es competente en el “caso Massó”

En una resolución dictada el pasado jueves, los tres magistrados de la sección 2 de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional elevan una cuestión de competencia negativa al Supremo, acompañada de las resoluciones precedentes sobre el caso Massó y una exposición razonada sobre por qué no es su tarea juzgarlo. Recuerdan que los hechos atribuidos a los acusados “se habrían cometido, íntegra e indiscutiblemente, en Pontevedra”. El traslado de un caso local a la Audiencia Nacional solo puede ser excepcional.

“El enjuciamiento por parte de este órgano judicial de los hechos objetos de la acusación, siendo jurisdiccionalmente competente, supondría una vulneración del derecho al juez ordinario predeterminado por ley”, señalan, que descarta también la premisa de que el supuesto perjuicio creado para Caixanova –45 millones, según el Fiscal, y 43,1 millones, según Abanca y la Abogacía del_Estado– amenazase su viabilidad. “No produjo ningún tipo de riesgo”, señala la Audiencia Nacional, que cifra en el 4% el equivalente a los recursos propios de la entidad “y, por tanto, mucho menos para la economía nacional”. “La única razón por la que el FROB intervino fue por la situación económico-financiera en la que se encontraba en 2010 Caixa Galicia, antes de que se produjera la fusión –insiste, como ya proclamó y avanzó Faro en octubre de 2020–. Caixanova nunca habría sido intervenida si no se hubiera visto obligada a fusionarse con Caixa Galicia, dando lugar a Novacaixagalicia”.

La Audiencia Provincial de Pontevedra no lo niega, aunque matiza que la sala no debe “pronunciarse acerca de la viabilidad o no de una entidad bancaria” dada la “compleja situación” de aquel momento y “y factores de todo tipo, incluso políticos y mundiales, que terminaron incidiendo en la solución final de la fusión primero” y la intervención después. Defiende que la cantidad presuntamente defraudada es “relevante” y justifica el juicio en la Audiencia Nacional. 

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