El consejo de administración de la desaparecida Novacaixagalicia decidió hace justo diez anos la integración de sus fundaciones, “una formalidad” por “motivos fiscales”, como decían sus miembros, más preocupados por lo que podría ocurrir con el negocio transformado ya en banco. Había motivos. Su último ejercicio de vida, el de 2012, acabó con casi 8.000 millones de pérdidas que sus entonces responsables –José María Castellano en la presidencia y César González Bueno como consejero delegado– atribuyeron a la limpieza interna del balance y la enajenación de activos a la Sareb. La entidad resultante del fatídico matrimonio forzado entre Caixanova y Caixa Galicia salió a subasta a finales de 2013 y acabó en manos de Banesco.
Al igual que en el resto de cajas nacionalizadas, el FROB aprovechó el periodo de tutela pública para revisar las grandes operaciones del pasado y llevó a la Fiscalía Anticorrupción los casos sospechosos de irregularidades. Fueron varios, alguno vinculado a Caixa Galicia apuntaba maneras –el supuesto quebranto por sus apoyos a la inmobiliaria Astroc, paradigma del ladrillo desbocado, rondaba los 300 millones de euros–, pero lo cierto es que todo quedó en el aire salvo tres procesos contra la cúpula de Caixanova, que luchó hasta el final contra la fusión auspiciada por la Xunta y por la propia caja liderada por José Luis Méndez para tapar el agujero multimillonario de Caixa Galicia.
Primera absolución
La Audiencia Nacional absolvió en noviembre de 2019 a cuatro antiguos directivos de la entidad viguesa –Julio Fernández Gayoso, José Luis Pego, Gregorio Gorriarán y Domingo González Mera– del delito de administración desleal en la concesión de un crédito de 67 millones de euros a una promotora de Copasa para un desarrollo inmobiliario en la localidad madrileña de Rivas Vaciamadrid. Ni hubo plan preconcebido ni abuso de funciones en la concesión, sostiene la sentencia. Quedan otros dos casos pendientes también en la Audiencia Nacional y un lío procesal.
Según pudo saber FARO, el Supremo ratificó el pasado viernes que la Audiencia Nacional no es competente para juzgar el “caso Massó”, la operación urbanística con 45 millones de Caixanova que iba a diseñar Norman Foster en la antigua conservera de Cangas. El alto tribunal tira de las orejas a la Fiscalía, que recurrió –y no podía– la decisión de la sección 2 de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de inhibirse a favor de la Audiencia Provincial de Pontevedra con el argumento que sacudió en octubre de 2020 las mentiras vertidas alrededor de la fusión: no habría daño para la economía nacional porque tampoco había riesgo para Caixanova, que “nunca habría sido intervenida” si no fuera por “la situación económico-financiera” de Caixa Galicia. “Es la única razón por la que intervino el FROB”, sentenció.
No podía recurrir
El Supremo dice en su fallo que la Fiscalía no tenía derecho a recurrir la decisión de la sección 2 de la Sala de lo Penal y, por lo tanto, avala la competencia de la Audiencia de Pontevedra porque el hipotético perjuicio no afecta a la economía nacional. Como también sucede, y lo menciona expresamente, en el “caso Promalar”, el tercer proceso abierto a los directivos de la extinta entidad viguesa. La sala que lleva el crédito de 80 millones de euros para reflotar la conservera Bernardo Alfageme al grupo que fue propiedad de Juan Lago, también imputado, no permitió recurrir a los acusados para pedir su traslado también a Pontevedra.
El juicio debería haber empezado ayer, pero la renuncia de Lago a su abogado lo pospuso al mes que viene. Algunas defensas dejaron constancia su protesta porque la sala no siguió el camino de la otra sección de lo Penal declarándose no competente, teniendo en cuenta que el propio Supremo advierte en su resolución del lunes que son casos parecidos porque no existe daño a la economía nacional.
