Las empresas estrenan los nuevos buzones de denuncias anónimas

Las 4.700 empresas españolas que, según la última actualización del Instituto Nacional de Estadística (INE), cuentan con más de 250 trabajadores en España, tienen que tener habilitado a partir del martes 13 un buzón de denuncias anónimas a través del cual empleados, proveedores o incluso clientes puedan trasladar a la compañía irregularidades o ilegalidades que hayan detectado. Así lo dicta la "ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción" que aprobó el Gobierno en febrero y que dio de plazo a las grandes compañías hasta el 13 de junio para poner estos canales a punto en las empresas de más de 250 trabajadores; las de entre 50 y 250 trabajadores tiene de plazo hasta el 1 de diciembre. El primero de estos dos lapsos de tiempo vence este martes y, por corto que haya sido según varias compañías consultadas, coge a la mayoría con los deberes hechos, aunque también con dudas, incertidumbre y mucho escepticismo acerca de cómo de rigurosa va a ser realmente la aplicación de esta ley.

"No es tanto la implantación del canal como lo que vendrá después: la normativa tiene muchas lagunas que generan muchas dudas a la hora de gestionar el sistema para los responsables", explica Pol Gummà, asesor legal de Vicio. La empresa de hamburguesas a domicilio, centrada hasta hace bien poco en desarrollar su negocio y crecer lo máximo posible, estaba empezando a desarrollar un código ético cuando se aprobó la ley. Así, la nueva herramienta de denuncia ha sido un punto relativamente sencillo de implantar: han contratado los servicios de una plataforma dedicada exclusivamente a la recepción y gestión de este tipo de soplos.

El problema vendrá, a su juicio, cuando tengan que establecer las obligaciones o derechos del responsable jurídico del canal, dirimir de qué cosas tiene que responder o decidir cómo proceder a la hora de llevar a cabo una investigación o en qué momento elevarla a la justicia. Por no hablar, añade, de que el organismo que tiene que vigilar que todo esto funcione no está aún constituido.

"Hay muchos conflictos de derechos, muchos conflictos legales", coinciden desde Borges, que ponen como ejemplo la disyuntiva de tener que proteger a un trabajador aún teniendo motivos de peso para despedirlo. Este grupo alimentario empezó a implantar ya en 2018 un plan de 'compliance' (mecanismos que evitan a las compañías tener que asumir responsabilidades penales por delitos cometidos dentro de ellas) que acabaron de perfilar cuando en 2019 se publicó la directiva europea que ha obligado a España a aprobar esta ley. "Lo único que hemos hecho es adaptar lo que teníamos al nuevo requerimiento", especifican; y lo han hecho, como Vicio, con una plataforma operada de forma externa.

"Lo cierto es que la norma es muy complicada y que algunas cuestiones no quedan muy claras, con la consiguiente inseguridad jurídica que ello supone", afirma Gemma Fabregat, catedrática de Derecho del Trabajo y 'Of Counsel' de Sagardoy. Este despacho de abogados ha asesorado a varios de sus clientes para la implementación de los nuevos buzones obligatorios de denuncias. “Yo detecto que no se ha captado suficientemente bien qué tipos de conductas son denunciables por este canal y qué tipo de conflictos personales no deben ir por esta vía”, explica Fabregat; y atribuye esta confusión a la existencia, también, de lagunas en la redacción de la norma. "Yo entiendo que el buzón debe servir para denunciar incumplimientos de las normas; por ejemplo, de control de horarios o de medidas de seguridad y salud, pero no para una denuncia de un conflicto particular de una mala relación con un jefe o de acoso. Eso ya tiene su propio canal", apunta esta experta, que reconoce que "al mismo tiempo, la norma dice que las empresas deben unificar los diferentes canales, y esto es un ejemplo de confusión y de inseguridad jurídica”, informa Rosa María Sánchez.

Diligencia entre las cotizadas

En Brico Dépôt, cadena de tiendas de bricolaje y materiales de construcción, han resuelto este tipo de puntos ciegos definiendo un protocolo interno muy riguroso que siguen en cada una de las denuncias que llegan. Esta compañía, que tiene detrás al grupo británico cotizado Kingfisher, lleva 10 años con este buzón en marcha, también mediante una plataforma gestionada por un proveedor externo. Consideran que el balance es positivo, aunque reconocen que hay trabajadores confusos que remiten allí quejas que no tocan. En cualquier caso, el director de Recursos Humanos de la compañía, Joan Carles Fernández, tiene clara la principal conclusión: “Para que todo esto funcione tiene que haber un ecosistema detrás. Si montas una plataforma y la dejas allí para que la gente diga lo que quiera, no funciona: nosotros tenemos toda una organización montada para que esto marche”.

La condición de empresa cotizada juega a favor de la implantación de los nuevos buzones. Eso demuestra que la empresa de telecomunicaciones Parlem ya tenga el mecanismo en marcha, aunque no llegue a 250 trabajadores. "En 2020, como preparación para salir a bolsa, ya creamos un comité de 'compliance': utilizamos la ley como una guía de mejores prácticas y procuramos ir cumpliéndola porque son temas que, aunque parezcan simples, son lentos de poner en marcha y hacen falta recursos", apunta el director corporativo de la empresa, Ignasi Tribó, que duda de que una pyme que no tenga la obligación de anticiparse tanto haya gozado de tiempo suficiente de reacción.

Ahora, de hecho, empieza el turno de las empresas de menor tamaño y ahí es donde se esperan las verdaderas complicaciones. "Tenemos que hacer mucha pedagogía porque esto no es un simple teléfono, buzón o cuenta de correo. La ley obliga a dar muchas más garantías", contextualiza la directora del área jurídica de Pimec, Itziar Ruedas. "Es un gasto más que tienen que tener y los recursos de la pyme son mucho más reducidos que los de la gran empresa", advierte esta experta, que reconoce haber tenido ya los primeros contactos con compañías preocupadas por esta cuestión, pero que espera el gran alud una vez pase el verano. "Las hay que ya tienen una política interna más establecida, y las hay que lo perciben como una obligación y un gasto más, pero en general están molestas porque sienten que últimamente es una obligación tras otra, y, al final, otro gasto más". 

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