La temporalidad en el sector público bate récord en Galicia y se hunde en empresas

Justo ayer se cumplió un año de la surrealista votación que sacó adelante la reforma laboral en el Congreso de los Diputados. La batería de cambios pactados entre el Ministerio de Trabajo, las patronales CEOE y Cepyme y los sindicatos CC OO y UGT para espantar la elevadísima temporalidad en la contratación entró en vigor realmente unas semanas antes, el 1 de enero, pero faltaba la convalidación para que el real decreto que instauró los puestos indefinidos como modelo prioritario dejase de ser provisional. El error del diputado popular Alberto Casero dando su sí desde casa compensó los dos apoyos que el Gobierno perdió en el último momento por la decisión de Sergio Sayas y Carlos García Adanero, representantes de UPN, de rebelarse contra las instrucciones de su partido de respaldar la reforma laboral, la primera de gran calado en la historia de España con el acuerdo unánime de todos los agentes sociales. Hubo un solo voto de diferencia: 175 a favor y 174 en contra. Sus efectos, en cambio, quedan muy lejos de lo mínimo posible. El número de trabajadores fijos aumentó en 2,288 millones en todo el país y en casi 100.000 en Galicia, hundiendo la tasa de eventuales a mínimos históricos. En 2021 rondó el 23,1% en la comunidad y el pasado 2022 bajó al 16,5%. En el caso concreto del último trimestre del ejercicio, los temporales representaron solo el 13,1% de los ocupados gallegos, según los últimos datos del Instituto Galego de Estatística (IGE) recogidos en Encuesta de Población Activa (EPA). A la espera de los procesos de estabilización exigidos por la Comisión Europea, en el sector público pasa justo lo contrario.

El 29,7% de los trabajadores de las administraciones gallegas, unos 58.000, desempeñaron una labor temporal el pasado año. En el segundo trimestre se superó incluso ese porcentaje y llegó al 31,7%. Nunca antes el sector público en Galicia tuvo tanto personal eventual. Y eso que no es la comunidad con mayor incidencia. La tasa acaricia el 44% en País Vasco; en Canarias ronda el 39%; en Extremadura y Melilla supera el 38%; en Asturias asciende al 37%; al 35,5% en Navarra; y está por encima del 33% en Castilla y León y Baleares. La media estatal se situó en el 30,2% al cierre de 2022. Solo tienen un porcentaje de temporalidad menor al de Galicia las plantillas de las administraciones en Andalucía (27,2%), Madrid (25,2%) y Cataluña.

Estado, autonomías y ayuntamientos se pusieron por delante de las empresas en los índices de temporalidad a partir del 2020, cuando el sector público necesitó reforzar sus plantillas para afrontar el golpe sanitario y económico del coronavirus. La pandemia pilló a las administraciones con el cuadro de personal diezmado todavía desde los años del austericidio de la anterior recesión financiera, especialmente en actividades como la sanidad y los servicios sociales, más esenciales que nunca en ese momento.

Desde entonces, el empleo público creció en Galicia en más de 11.300 personas, un 8,6%, como recoge el balance que acaba de publicar la Seguridad Social. Hubo de media 142.200 afiliados ligados a las administraciones en la comunidad en enero, frente a los 130.800 de enero de 2020. En nómina del Estado trabajan 14.400 personas en Galicia, un 3,1% más (440 empleados) que antes de la pandemia. A la Xunta se incorporaron cerca de 9.200, hasta alcanzar los 98.360 en total, un alza del 10,3%. La plantilla de los concellos suma 29.400 personas después de un aumento del 6,1% (casi 1.700 empleados).

A la cabeza de los incrementos figuran Canarias (17,5%), La Rioja (15,4%), Comunidad Valenciana (15,4%), Madrid (14,6%) y Murcia (13%). En el conjunto del país los cotizantes del sector público subieron el 11,3%. Las autonomías con menor avance fueron País Vasco (7,7%), Aragón (6,9%) y Extremadura (6,2%). 

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