El tarifazo seca las plantas de cogeneración gallegas: “Estamos apagados, no compensa”

En el registro de instalaciones de producción de Red Eléctrica figuran cerca de un centenar de centrales de cogeneración en Galicia, aunque buena parte de ellas llevan años sin funcionar. De modo que la potencia instalada que suman en total, de más de 557.500 kilovatios (kW), son solo sobre el papel. El torbellino energético derivado de la invasión de Ucrania y las medidas normativas ha apagado un buen manojo de las que seguían activas, como ha constatado FARO en fuentes del sector. “Tenemos una parada desde septiembre. Precisamente tenemos una reunión con el tercero con el que tenemos subcontratado otra, puede que planteen pararla de cara a febrero”, apuntan desde una de las principales compañías de la industria gallega.

“Apagamos, no compensa”, abundan desde otra compañía consultada. De hecho, según los últimos datos disponibles de Red Eléctrica (a cierre del pasado septiembre), la cogeneración se desinfló, con una caída interanual de más del 30%. En el conjunto de España, exponen desde la Asociación Española de Cogeneración (Acogen), solo en el segundo semestre de 2022 –para el conjunto de España sí hay datos cerrados del ejercicio– el desplome superó el 50%. “Es escandaloso que 2 de cada 3 cogeneraciones hayan parado en 2022 en un sector regulado”, reprueban.

Las plantas de cogeneración tienen que comprar gas para sus procesos industriales y producen electricidad con una retribución garantizada por ley mediante el sistema Recore (el mismo que utilizan las renovables reguladas que antes recibían primas). Pero los grupos industriales denuncian que la fuerte subida de los precios de gas, primero, y el menor precio de la electricidad en el mercado mayorista, ahora, han hecho que estén registrando pérdidas porque el Gobierno no toma medidas para garantizar que las plantas cubran sus costes de generación.

Las cerca de 600 factorías españolas con cogeneración se quejan del enorme impacto que tuvo en su actividad las condiciones en que se puso en marcha la excepción ibérica (el límite al precio de gas que se utiliza para producir electricidad que se aplica en España y Portugal para bajar el precio de la luz). Desde el 15 de junio, cuando el mecanismo entró en vigor, hasta el 31 de octubre, las plantas de cogeneración no podían acogerse al sistema de compensaciones por el alto precio del gas que sí recibían las centrales de gas. Desde noviembre, las plantas pueden elegir cada mes si quieren acogerse al sistema de ajuste de la excepción ibérica o recibir la retribución garantizada del Recore.

Desde Acogen, la patronal de las cogeneradoras, se queja de durante los meses en que no pudieron recibir las compensaciones que sí recibían las centrales de gas fue precisamente cuando la cotización del gas estuvo disparada, con el consiguiente golpe a sus cuentas. Y ahora que pueden elegir entre el ajuste de la excepción ibérica y la retribución del Recore, ésta última está calculada por el Ministerio para la Transición Ecológica sobre una previsión del precio del mercado eléctrico tan alta (208 euros por megavatio hora) y tan superior a los precios eléctricos actuales que, en la práctica, les deja sin retribución garantizada. La asociación empresarial que agrupa a cerca de 600 plantas de cogeneración españolas reclama al Gobierno una nueva metodología de cálculo de la retribución garantizada cuanto antes. “Nosotros nos estamos decantando más por apostar por otro tipo de actividades como la biomasa o el biogás”, sostienen desde otra corporación alimentaria gallega.

“Nosotros nos estamos decantando más por apostar por otro tipo de actividades como la biomasa o el biogás”

El desbarajuste normativo en comparación con el marco regulado llevará al sector a los tribunales para reclamar daños y perjuicios por las pérdidas millonarias sufridas el año pasado, al considerar que el Ejecutivo no actuó para evitarlas. Según confirman varias fuentes del sector industrial a El Periódico de España –del mismo grupo editorial que FARO–, en las próximas semanas se presentarán más de dos centenares de recursos por la vía contencioso-administrativa en el Alto Tribunal por parte de las compañías afectadas por la baja retribución marcada por el Gobierno para garantizar la rentabilidad de las plantas, solicitando indemnizaciones millonarias. “El sector necesita una nueva metodología, porque esta es un desastre. Ha de ser más flexible y estable”, culminan fuentes de Acogen.

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