El vicepresidente primero y conselleiro de Economía fue tajante en la primera de las reuniones que mantuvo el 3 de mayo con alcaldes de zonas donde los promotores eólicos querían levantar los polémicos parques de más de 50 megavatios (MW) que, precisamente por superar ese umbral de potencia, son competencia estatal y se tramitan ante el Ministerio para la Transición Ecológica. Francisco Conde adelantó a los regidores el informe negativo de la administración autonómica a seis grandes complejos de molinos en la provincia de A Coruña por su ubicación fuera del plan sectorial que hace 25 años, en los tiempos de Fraga en San Caetano, determinó las áreas de desarrollo del negocio del viento. Su departamento no quiso desvelar en aquel momento qué ocurriría con el resto de instalaciones antes de sentarse con los responsables del resto de concellos. A pesar del rechazo, los proyectos siguieron su curso porque el dictamen de la Xunta es obligatorio, pero no vinculante.
En ese momento ya existía la posibilidad de saltarse los límites del plan sectorial en caso de que los futuros parques cumplieran “una función vertebradora y estructurante del territorio”, como recoge la ley de simplificación administrativa y de apoyo a la reactivación económica de Galicia en vigor desde marzo del pasado ejercicio. La demonización de los parques presentados en las instancias estatales se ha ido diluyendo desde entonces, a medida que las empresas impulsoras firmaron acuerdos de abastecimiento con industrias electrointensivas o los responsables de los grandes candidatos a los Next Generation en la comunidad.
La excepcionalidad
El Consello de la Xunta concedió ayer la “excepcionalidad” para emplazarse fuera de los dominios del plan sectorial a ocho nuevos parques eólicos de Enel Green Power (filial de Endesa) y Greenalia. Entre todos suman 784,2 MW. Ambas compañías tienen preacuerdos firmados con Alcoa y Sentury Tire, al frente de la factoría de neumáticos diseñada para As Pontes y que opta a fondos europeos. Por eso el Ejecutivo regional los considera “proyectos con una clara incidencia territorial por su entidad económica y con una función vertebradora y estructurante del territorio”, lo que permitirá, “en caso de aprobarse” –algo que corresponde a Transición Ecológica–, “su ejecución fuera de las áreas del Plan sectorial eólico de Galicia”.
“La Xunta hace su parte, ahora le corresponde al Ministerio hacer la suya”
Los seis parques previstos por Enel Green Power son Badulaque (90 MW), Barqueiro (150), Santuario (180), Tesouro (60), Moeche (53) y Caaveiro (72), ubicados todos en la comarca de Ferrolterra y algunos otros concellos más de A Coruña y la frontera con Lugo, donde se asientan Levante (106,4 MW) y Boura (72,8), de Greenalia. No son los únicos. La Xunta avaló la “excepcionalidad” de otros cinco parques eólicos (347,2 MW) de tramitación estatal al margen también de los límites del plan sectorial en junio para suministrar electricidad verde también a Alcoa (a la que le corresponderían unos 1.000 MW en total) y la planta de grafito para baterías de vehículos eléctricos de Showa Denko.
Riesgo de caducidades
“La Xunta hace su parte, ahora le corresponde al Ministerio hacer la suya”, apuntó el presidente Alfonso Rueda, tras el Consello de ayer. Defiende que la administración autonómica “está actuando con la máxima diligencia posible para cumplir los plazos marcados por el Gobierno del Estado”, en referencia al riesgo de archivo de unos 3.500 MW de proyectos de más de un centenar de parques en Galicia, como adelantó FARO, por la caducidad de sus permisos de conexión a la red de transporte de electricidad el próximo 25 de enero. Según Rueda, se están tramitando “diez veces más expedientes” que en un periodo normal, sin “bajar la guardia” en “la rigurosidad” para el cumplimiento de la normativa medioambiental.
La alta tensión para Balaídos y otros refuerzos más para revisar la planificación eléctrica
La Xunta recoge el guante de la posible revisión el próximo año de la planificación de las infraestructuras de electricidad que acaba de estrenar el Estado y enviará “de inmediato” su propio mapa con las propuestas que considera urgente para Galicia. Estará la polémica alta tensión para la factoría de Stellantis en Balaídos (Vigo) a través de una nueva subestación que llegó a estar contemplada hace 15 años, sin que ningún Ejecutivo central de PP y PSOE decidieran ejecutarla. El actual se ampara a que la demanda de la planta no cumple los requisitos, aunque la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, abrió la mano hace unos días para buscar una excepción. “Una demanda histórica”, enfatizó ayer el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que adelantó la intención de incluir también otra numerosa lista de refuerzos en la red eléctrica para, entre otras cuestiones, dar enchufe a la fábrica de fibras textiles de Altri en Palas de Rei, la de Showa Denko en A Coruña y la planta de hidrógeno verde de As Pontes. El Ejecutivo autonómico quiere saber también cómo se distribuirá el “hueco” que deja el cierre parcial de la térmica de Endesa.
