Las autopistas gallegas pasan a manos de un fondo de pensiones neerlandés

APG, que en 2019 apoyó a la gestora estadounidense Corsair Infrastructure Partners para controlar Itínere, se hace ahora con parte de las acciones de su aliado. El fondo de pensiones neerlandés se queda con el control exclusivo, pero en el capital de la firma continúan Corsair, con una posición menor, y Globalvia, que mantiene su batalla en los tribunales contra esos dos accionistas.

Itínere se encarga de explotar la AP-9, la gallina de los huevos de oro, y también las autopistas autonómicas A Coruña-Carballo y Vigo-Baiona. Participa además en el capital de la AP-53 Santiago-Dozón y gestiona la AP-66 en Asturias y León, la AP-15 en Navarra, y parte de la vasca AP-8.

Una dura batalla

La suculenta rentabilidad de la Autopista del Atlántico desencadenó una de las mayores guerras accionariales de los últimos años en España. Su concesionaria, Audasa, es, con los peajes de la principal vía de pago de Galicia, el corazón del grupo Itínere, por el que se llevaban peleando desde 2018 el que hasta ahora era su principal accionista, el fondo norteamericano Corsair, y la también firma de gestión de infraestructuras Globalvia, presente en el capital de algunas de las carreteras gestionadas por Itínere.

Sacyr, socio histórico, tenía en sus manos el poder de dar a uno u otro el control sobre una compañía que suma una cifra de negocio cercana a los 300 millones de euros con la AP-9 y otras seis carreteras, entre las que están también la AG-57 entre Puxeiros y Val Miñor, la AG-55 de A Coruña a Carballo y la AP-53 de Santiago al Alto de Santo Domingo. Y en 2019 decantó la balanza hacia Corsair y su aliado en la operación, el fondo de pensiones neerlandés APG, que entonces alcanzaron cerca del 60% del capital tras hacerse con el 15,5% de Sacyr.

Ahora el fondo de pensiones de los Países Bajos se convierte en el socio mayoritario de la alianza.