La tutela de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil sobre el buen estado de las aguas se extiende a lo largo de una superficie de más de 17.000 kilómetros cuadrados alrededor de los dos ríos más importantes en Galicia. Cubre el 77% de la comunidad –el 23% restante pertenece a la Confederación Hidrográfica Galicia-Costa, competencia de la Xunta–, casi el 23% del territorio de Castilla y León y un diminuto 0,1% de Asturias. Ni de lejos es la demarcación más grande. La del Duero, por ejemplo, supera los 98.000 kilómetros cuadrados y la del Guadalquivir ronda los 57.700. Pero sí supone un emplazamiento estratégico para el sistema energético español. Las condiciones geográficas y climáticas incentivaron la proliferación de centrales hidroeléctricas en la cuenca, que entre 2004 y 2018 aportó, de media, alrededor del 20% de toda la producción de los embalses del país. Hay 91 instalaciones con una potencia total de 3.116 megavatios (MW).
“Se estima que los aprovechamientos hidroeléctricos no experimenten grandes variaciones en los escenarios tendenciales de 2027, 2033 y 2039, debido a que no se prevé que se aumenten el número de instalaciones y a la disminución de los recursos hídricos por el cambio climático”, avanzan los técnicos del organismo en la planificación hidrológica del ciclo 2022-2027, convertida en otra batalla de las eléctricas contra el refuerzo de las medidas de protección y mejora de la salud de los recursos hídricos.
A igual que en el resto de demarcaciones, la nueva estrategia para garantizar la protección del dominio público hidráulico en la cuenca del Miño-Sil prevé endurecer el régimen de caudales ecológicos “que permita mantener de forma sostenible la funcionalidad y estructura de los ecosistemas acuáticos y de los ecosistemas terrestres, contribuyendo a alcanzar el buen estado o potencial ecológico en ríos o aguas de transición”. Marca unos niveles mínimos y máximos para las masas de agua, los momentos del año que deben mantenerse para hacerlos compatible “con los requerimientos de los diferentes estadios vitales de las principales especies de fauna y flora autóctonas” y la llamada tasa de cambio, una “limitación a la variación del caudal” para evitar el impacto de un cambio brusco. De las 287 masas de aguas superficiales de la cuenca, la actualización de la planificación hidrológica deja siete fuera –dos son costeras y cinco, en la parte baja del embalse de Frieira, se deciden en coordinación con las autoridades portuguesas– y fija un régimen de caudales ecológicos más ambicioso para las otras 280.
En sus observaciones a la norma, Iberdrola habla de “gravísimas consecuencias” para “el funcionamiento del sistema eléctrico nacional”. El grupo asegura que la gestión del 80% de su potencia hidroeléctrica en la zona sería “inviable” y “algunas centrales quedarían indisponibles”. También considera imposible desarrollar nueva potencia de bombeo, como la ampliación hasta 900 MW que tramita en el embalse de Conso.
La Confederación Hidrográfica Miño-Sil le recuerda en sus contestaciones que las modificaciones afectan a las concesiones ya existentes o las que se vayan a modificar. Si fuera necesario hacerlo en las instalaciones en funcionamiento “se llevaría a cabo estudiando cada caso en concreto”. “En este sentido, además, el Ministerio para la Transición Ecológica está preparando una disposición a incorporar en el real Decreto aprobatorio del plan para mitigar los posibles efectos de la implantación de los caudales ecológicos sobre la seguridad del sistema eléctrico nacional –añade–, en especial en aquellos casos en que aplican los planes de emergencia y de reposición del servicio”.
Magtel, que lucha contra Iberdrola y Endesa para meterse con una central reversible en áreas donde ambas tienen hidroeléctricas, insta a incorporar a la planificación una referencia expresa al apoyo del bombeo y estirar más de 20 años el plazo concesional. Las dos cuestiones, le contesta el organismo, son ajenas a la planificación.
Endesa rechaza “caudales ecológicos más elevados o de mayor volumen que los necesarios” para lograr los objetivos medioambientales previstos. En cualquier caso, reclama “un plazo razonable” de adaptación y considera obligatorio el reconocimiento de una indemnización “cuando se acredite daño o perjuicio al concesionario” por las restricciones al uso del agua en las hidroeléctricas. El escrito de respuesta de la Confederación es tajante: los caudales son también un sistema de prevención y no afectan solo a las masas que ya están deterioradas y “con carácter general” la modificación de los caudales no conlleva “indemnización alguna”.
Eso mismo le traslada el responsable de cuenca a Naturgy, que también exige el reconocimiento de compensaciones como las que ya solicitó a través de reclamaciones de responsabilidad patrimonial por los caudales en vigor hasta ahora. Curiosamente, la compañía apela a “valorar” si “están sirviendo como herramienta” real para la mejora de las aguas y, a la vez, defiende que todas las masas en el caso de sus centrales “han conservado el estado ecológico o mejorado el mismo”.
La Xunta habla de “reiterados incumplimientos” del sector y el Gobierno exige que los concrete
Entre las entidades que remitieron posibles mejoras al nuevo ciclo de la planificación hidrológica en la demarcación Miño-Sil están varios organismos de la Xunta. La Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático alerta de que el rediseño de los sistemas de desagüe de las presas “de manera que se permita el flujo de sedimentos” puede “tener un importante impacto negativo en los ecosistemas acuáticos situados aguas abajo”. La Confederación Hidrográfica acepta la observación. No están tan de acuerdo en la visión de los caudales ecológicos. “Recientemente se está poniendo de manifiesto preocupación social por los reiterados incumplimientos de los regímenes de caudales ecológicos de los aprovechamientos hidroeléctricos”, señala la administración autonómica, en una referencia velada a lo ocurrido con el vaciado de algunos embalses el pasado verano. La Xunta negó que fuera su potestad, pero multó con 200.000 euros a Iberdrola y Naturgy por “mala praxis” al no haber comunicado “de modo oficial” la decisión. “Agradeceríamos que nos pudiera concretar a qué incumplimientos se refiere, en qué puntos y en qué periodo de tiempo”, responde la Confederación Hidrográfica, “ya que no nos constan incumplimientos reiterados”.
