La primera pata del nuevo sistema de pensiones que acaba de salir adelante en el Congreso de los Diputados sustituye el polémico factor de sostenibilidad contemplado en la anterior reforma de 2013 para modular la cuantía de las prestaciones en función de la esperanza de vida por el llamado mecanismo de equidad intergeneracional.
A partir de 2023, cuando estaba previsto que entrara en vigor el ajuste introducido por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, las cotizaciones sociales subirán 0,6 puntos –0,1 a cargo del salario del trabajador y los restantes 0,5 puntos por parte de la empresa– durante 10 años para llenar el Fondo de Reserva.
El incremento casi monopolizó el debate público y los titulares del pacto alcanzando por el Gobierno y los sindicatos, tras el plante de la patronal. Pero los cambios van más allá e incluyen el compromiso de impulsar las “modificaciones normativas” necesarias “para establecer reglas relativas a la evolución de las pensiones mínimas que tengan en cuenta la evolución del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), garantizando la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones” y de la mano del Diálogo Social. La enmienda acordada con ERC da un año de margen para sacar esas reglas, aunque no concreta cómo será la vinculación entre el alza del SMI –para el que se prevé llegar a los 1.000 euros en 2023– y las prestaciones de menor cuantía, las que cobran uno de cada tres pensionistas de Galicia.
Con la revalorización del pasado ejercicio, el importe mínimo alcanzó los 9.081,80 euros repartidos en 14 pagas, cerca de 649 euros. De ahí no pasaron unos 259.000 pensionistas gallegos, según los datos recogidos por la Agencia Tributaria en su reciente informe “Mercado de Trabajo y Pensiones” en 2020. Suponen el 33% de los 769.441 residentes en la comunidad que cobraron una prestación en algún momento del año. El número de beneficiarios con las pensiones más bajas en Galicia aumentó un 35% en comparación con 2019 (191.815), en parte porque tanto en ese ejercicio como en 2018 las mínimas se revalorizaron el doble (3%) que el resto de las prestaciones, acortando las diferencias. De ahí también que el grupo de perceptores en la horquilla que va de 1 a 1,5 veces la pensión mínima –unos 973 euros como mucho en 2020 y 964,35 euros en 2019– se haya reducido un 22%.
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Hay 85.000 pensionistas en Galicia que recibieron entre 973 y 1.297 euros mensuales (en 14 pagas); y otros 54.500 con entre 1.297 y 1.946 euros. A partir de esa cantidad, el volumen de perceptores se desploma. Y crece en prácticamente todas las escalas desglosadas por la Agencia Tributaria, sobre todo en los que superan los 6.487 euros mensuales: de 743 en 2019 a 985 en 2020, un 32% más. Hay que tener en cuenta que el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda mete en la categoría a los pensionistas con percepciones del sistema público –donde la cuantía máxima es de 2.707,49 euros– y también de planes privados.
Las mujeres, como ya publicó FARO hace un par de semanas, acceden a la edad de jubilación con 11 años menos cotizados que los hombres. Entre los que cumplieron 64 años en 2019, ellos acumulaban 34,3 años en alta laboral y ellas, en cambio, 26. En el grupo de 65 años en adelante, los hombres rozaban los 35 años cotizados y 24 las mujeres. Y eso, evidentemente, se traslada a la cuantía que se quedan tras el retiro. De los 258. 775 pensionistas de la comunidad por debajo de los 648,7 euros mensuales en 14 pagas durante el pasado 2020, el 60% eran mujeres, que suponen el 23% de las pensiones de entre 4.865 y 6.487 euros y únicamente el 16% de las que superan ese importe.
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La pensión media anual que la Agencia Tributaria calcula con el total de prestaciones pagadas divididas entre el número de perceptores ascendió a 14.207 euros en Galicia el año pasado, lo que supone un incremento del 1,7% respecto a 2019 (13.962 euros). La comunidad se mantiene a la cola del país en el importe de las prestaciones, solo por detrás de Extremadura (13.243 euros). La pensión media de Ourense (12.497) es la más baja entre todas las provincias españolas, muy cerca de la de Lugo (13.279 euros). En Pontevedra ronda los 14.500 euros y los 14.900 euros en A Coruña.
A pesar de que en algunos meses la cantidad de bajas en el sistema de pensiones en Galicia superó con creces a las altas por culpa de la mortalidad por coronavirus entre los más mayores, a lo largo del año pasado llegaron a cobrar una prestación casi 6.000 personas más que el ejercicio anterior, alrededor de 769.500. La cifra está muy en línea con el número de pensiones contributivas que había a 31 de diciembre, según la Seguridad Social: 765.880. Más de 430.000 vienen del régimen general y 248.500 de autónomos. El peso que los trabajadores por cuenta propia tienen en el mercado laboral autonómico, con una pensión media de 611 euros, explica también el elevado número de jubilados con las prestaciones más bajas.
