En abril del año pasado se dieron de baja en Galicia casi 3.800 pensiones y solo hubo 1.687 nuevas. No es habitual. Ni que se vayan del sistema más de las que entran, ni que la diferencia llegue a semejantes niveles. Pero buscar algo de normalidad en los momentos del colapso hospitalario, el encierro en casa y la hibernación de la actividad tras el estallido de la pandemia resulta imposible.
El coronavirus se cebó con los mayores y 2020 acabó con una inédita caída de las prestaciones en vigor en Galicia. De media, cada mes se abonaron unas 765.800, frente a las más de 767.000 de 2019. La Seguridad Social sabía que esto iba a pasar, que por culpa del COVID-19 “aumenta el número de bajas por fallecimiento” y bajan las altas “en prácticamente todas las las prestaciones”, como apuntaba el organismo en el informe económico-financiero de sus presupuestos para el actual ejercicio. El gasto en las pensiones de Galicia batió el enésimo récord, aunque esta vez con el menor repunte de toda la serie estadística que arranca en 1992. La partida creció un 2,3%, hasta los 9.218 millones, mientras la pérdida de trabajadores jóvenes sí mantiene el pie en el acelerador.
La recesión financiera de 2008 atacó más a aquellos que estaban peor, básicamente los colectivos empapados por la precariedad. Mujeres y jóvenes. Y sucedió lo mismo con el zarpazo del coronavirus al mercado laboral. En Galicia se liquidaron unas 46.600 afiliaciones en los dos meses más duros de la primera ola, marzo y abril, y una de cada dos era de menores de 35 años. El control del virus y la reapertura de la actividad permitieron volver a las cifras de ocupación precoronavirus, aunque no en esta franja de edad, donde todavía hay 8.300 cotizaciones menos que en septiembre de 2019.
Los efectos de esta crisis económica se mezclan con otra crisis, la demográfica, que merma sin tregua el colectivo. Por primera vez, en 2020 convivían en el mercado laboral gallego más mayores de 55 años que afiliados por debajo de los 35. Sigue siendo así a pesar de la recuperación del empleos en estos meses. Los primeros suponen el 21,4% de las altas en la Seguridad Social a 30 de septiembre de 2021 y los de 16 a 34 años representan el 20%. Desde 2010, la región perdió un tercio de sus trabajadores jóvenes, alrededor de 102.000 efectivos con los que garantizar el relevo generacional y los ingresos futuros de la caja de la Seguridad Social.
Ahora mismo, por cada pensión que el organismo desembolsa en la región hay 1,33 afiliaciones. Únicamente Asturias arrastra una ratio peor: 1,33. La media del Estado se sitúa en 1,94. En Baleares y Madrid asciende a 2,7; el 2,3 en Murcia; y el 2,25 en Canarias. Dentro de Galicia, las provincias de Pontevedra y A Coruña alcanzan las 1,48 y 1,45 cotizaciones en alta por cada prestación, respectivamente. La ratio en Lugo es de 1,07 y en Ourense ni eso (0,96), a pesar de que el invierno demográfico es tan virulento en el interior de la comunidad que la primera lleva 15 años perdiendo pensionistas y la otra otros 6.
Galicia agrava su déficit en pensiones: 250 millones más en costes y menores ingresos
La pensión media en Galicia ronda en este momento los 883 euros, un 2,3% más que hace un año. La de jubilación, que es la mayoritaria, se sitúa en 1.007 euros, con cada vez más distancia entre las nuevas prestaciones y las antiguas. Las altas de septiembre se movían alrededor de los 1.261 euros y las bajas por fallecimiento del titular no pasaban de 895 euros. Entre eso, las subidas para mejorar la capacidad adquisitiva de los mayores y el incremento incesante de la nómina de pensionistas, el coste de las prestaciones en la comunidad desde 2010 aumentó un 38%, en más de 2.560 millones de euros.
“A partir de 2008 ha cambiado la tendencia del saldo vegetativo como consecuencia del descenso de los nacimientos y el incremento de defunciones, siendo negativo a partir del 2015 –explica la Seguridad Social en el informe que acompaña al borrador de sus nuevas cuentas para 2022–. En España se prevé que el número de nacimientos seguirá reduciéndose hasta 2017 cuando se espera un cambio de tendencia”. La clave está “en la llegada a las edades de mayor fecundidad de generaciones cada vez más numerosas”.
¿Y qué pasará en Galicia? Las proyecciones apuntan a que ese incremento en los nacimientos se retrase algo más, a partir 2031. Aún así, será muy pequeño, de tal manera que en 2034, cuando el conjunto del país superaría la actual cifra de alumbramientos, en la comunidad nacerían un 13% menos de niños que en 2020. La edad media de la población gallega está en 47,5 años actualmente y subirá a 51,7.
Un 5,3% más de cotizantes y un alza del 1,9% en las bases en 2022
“El COVID-19 planteó la necesidad de poner en marcha medidas de protección inmediatas tanto para los trabajadores como para el tejido productivo”, recuerda la Seguridad Social en el capítulo de cotizaciones de sus informe de presupuestos para 2022. Los primeros meses de la pandemia se llevaron por delante el 4% de la ocupación en España, aunque el 2020 acabó ya con un alza del 3,19% respecto a febrero y en 2021 “la curva ha continuado la senda ascendente, alcanzándose en el mes de junio los niveles de afiliación del año 2019 y siendo superiores desde entonces”. De hecho, la previsión del organismo es que la recaudación suba este ejercicio un 6,2%, por encima de lo previsto en sus cuentas iniciales, y que el incremento llegue al 7,1% el próximo 2022, fruto de un avance del 5,3% en el número de cotizantes y del 1,9% en las bases de cotización de los ocupados.
“Existe un número importante de bonificaciones y reducciones a la cotización de la Seguridad Social, como medidas de fomento del empleo, que en conjunto ascienden para el año 2022 a 3.706,15 millones de euros”, indica el informe. La partida se elevará un 2,5% en comparación con el año actual. La afiliación aumentará un 2,7% “como consecuencia del buen comportamiento habido en 2021 debido a la protección de los ERTEs y del cese extraordinario de actividad para los trabajadores autónomos”.
El Estado concederá a la Seguridad Social, como figura en el Proyecto de Presupuestos Generales de 2022, un préstamo de 6.981,6 millones de euros y las transferencias al organismo para cubrir los llamados “gastos impropios” que dejarán de cubrirse a cargo de la recaudación por cotizaciones sociales ascenderán a 18.396 millones. La partida para el Íngreso Mínimo Vital supera los 3.021 millones de euros.
