Euritania es una zona remota de Grecia, montañosa, con población muy dispersa. Es la región con más proporción de personas mayores de toda Europa, de acuerdo al último informe oficial Ageing Europe. Cerca del 37% de sus habitantes tienen 65 años o más, una proporción que casi duplica la media comunitaria Hay otras seis que rebasan la abultadísima ratio del 30%; entre la ciudad independiente alemana (kreisfreie Stadt) de Suhl y el departamento francés de Creuse figura, en cuarto lugar, Ourense (31,4%).
Es el principal paradigma de la falta de sostenibilidad del sistema público de pensiones en España: en la provincia se abonan 106.890 pagas al mes, pero solo se perciben 103.900 nóminas (o rendimientos, para los autónomos). Un escenario al que galopa el conjunto de Galicia, que ha promediado un incremento del coste en pensiones de 250 millones de euros al año en la última década.
En 2020 estas prestaciones batieron nuevo récord al rebasar los 9.170 millones de euros; la recaudación por cotizaciones –sin contar con la aportación de las mutuas colaboradoras, todavía no disponible–, se quedó en los 4.440 millones.
La Seguridad Social ofrece datos desglosados de ingresos por cotizaciones desde el año 2013. Sin tener en cuenta los de las mutuas –para disponer de referencias equivalentes–, la recaudación entonces rozó los 4.800 millones de euros. Aquí se incluyen las aportaciones de los ocupados por régimen general, autónomos, trabajadores del mar o de los perceptores de una prestación por desempleo. En aquel momento, la nómina completa de pensiones era de 7.423 millones. Esta, la de las pagas (jubilación, viudedad u orfandad), es la partida que ha crecido en esos 250 millones anuales.
Por contra, los ingresos por cotizaciones han menguado en un equivalente a más de 50 millones anuales. El impacto del COVID es innegable, ya que en el ejercicio prepandemia la recaudación alcanzó un excelente registro (5.630 millones). Pero también es cierto que las pensiones no han dejado de medrar, principalmente por las continuas revalorizaciones y la mejora de la esperanza de vida. La horquilla entre ambas partidas se ensancha.
El español es un sistema único y solidario, de modo que no hay uno estrictamente gallego. De existir, estaría muy por debajo de los valores que los expertos recomiendan para determinar su sostenibilidad. De acuerdo a estos análisis, el equilibrio en los sistemas de reparto es difícil de sostener cuando la relación entre afiliados y pensionistas es inferior a dos. En Galicia, las cuatro provincias están por debajo de los 1,5 afiliados por paga reconocida.
La situación más grave es la de Ourense, con 0,97 cotizantes por pensión. Su situación no ha mudado en la última década, y no porque haya reforzado su mercado laboral con más mano de obra ocupada: su ratio de 0,97 es la misma que en 2011 porque ha perdido tantos trabajadores como pensionistas.
En Lugo sucede algo similar. Contaba con algo más de 127.300 afiliados hace diez años, y el pasado julio marcó una media mensual de 124.770. En cuanto a las pensiones, abonó 115.000 en el mismo mes de este ejercicio, 5.000 menos. Solo Pontevedra y A Coruña escapan de esta dinámica, aunque cuentan con una relación afiliado-pensión del 1,49 y el 1,47, respectivamente.
En ambos casos incrementaron su número de perceptores de una paga, pero también de asalariados o autónomos. La mayor parte del arco atlántico no sufre la sangría de despoblación de Ourense y Lugo, ni la que está jubilada ni la ocupada.
Con la intención de blindar la sostenibilidad del sistema público, en 2013 se puso en marcha un doble mecanismo de corrección: el índice de revalorización (el criticadísimo 0,25% de subida, a mantener en tanto la Seguridad Social estuviera en déficit) y el factor de sostenibilidad (adaptaba la cuantía de las pagas el incremento de la esperanza de vida). Estos resortes han pasado a mejor vida, con la aprobación de una subida vinculada a la inflación –Funcas prevé un IPC superior al 3% para cierre de año– y el llamado mecanismo de equidad intergeneracional, que será lo más espinoso que tenga que abordar el ministro del ramo, José Luis Escrivá, a la vuelta de las vacaciones.
