En un día como hoy, pero de 2020, el coste del megavatio hora arrancaba la jornada en los 40,06 euros para una compañía frigorífica, de estructuras metálicas o una granitera. Son sectores que no negocian los contratos de forma agrupada –como sucede con la automoción y con parte de la construcción naval–; actividades expuestas, en la mayoría de los casos, a la volatilidad del mercado. O al vendaval, más bien, porque el coste alcanzará este martes los 226 euros MW/h, según el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE). Un tarifazo que ha forzado ya la paralización en Huelva del mayor grupo de fertilizantes de la Unión Europea, Fertiberia, o de la acería vasca Sidenor en Basauri. Ambas han optado por apagar temporalmente las máquinas por el desbocado incremento de los precios. La primera no las volverá a encender hasta dentro de un mes; la segunda, de momento, cerrará a lo largo de veinte días, alternos, hasta final de año. Es una posibilidad que cabalga hacia los planes de empresas metalúrgicas gallegas, muy intensivas en consumo, según pudo saber FARO y confirmaron fuentes de la patronal de Pontevedra.
“Son varias las que están considerando parar producción y/o reducir turnos, y no solo de la automoción”, constata su presidente, Jorge Cebreiros. “Se suma el coste eléctrico con el del gas y los fletes, y son incrementos muy considerables, en algunos casos de más de seis cifras”, abunda. Pero que el encarecimiento de la energía está causando ya una caída en la producción no es un futurible. En la actividad de depuradoras de mariscos, por ejemplo, hay empresas que están funcionando al 50%, y no por falta de materia prima o demanda.
“En vez de tener ocho piscinas operativas trabajan con cuatro –inciden fuentes del mercado–, es una manera de adaptarse”. Porque el cliente final, y en buena medida la gran distribución, no siempre absorbe el aumento de costes. “Si tienes un contrato de largo plazo pactado a equis precio, a menos que no tengas competencia en algún formato, te lo comes”, complementan desde el sector de la pesca congelada, con la consiguiente reducción de márgenes, ya de por sí muy bajos. Lo mismo sucede con la piedra natural o el aluminio. “Estamos repercutiendo los costes en los clientes, tanto nosotros como la competencia”. Eso sí, “hasta donde se puede”, puntualizan otras fuentes consultadas por FARO.
La pesca
Además del júbilo por la vuelta a la presencialidad, en la feria de Conxemar estuvo muy presente la sacudida de los precios de la energía. En un frigorífico, por ejemplo, la factura eléctrica representa habitualmente un 30% de los costes fijos. Una de estas firmas pagaba mensualmente 150.000 euros por su consumo, ininterrumpido durante las 24 horas; en lo que va de año ha desembolsado unos tres millones de euros por este concepto, lo que equivale a cerca de 300.000 euros de gasto al mes. Sumado al auge de la factura por los fletes –algunos han pasado de 2.000 a 16.000 euros, por ejemplo–, el mecanismo por el que ha optado es el mismo que las depuradoras: reducir producción.
Aunque no todos los sectores están en disposición de hacerlo. “Con la carga de trabajo que hay un parón sería una locura –inciden desde una de las mayores compañías de aluminio de España–, supondría estirar todavía más los plazos de entrega”, ya comprometidos por el atasco en el transporte marítimo y el alza de la demanda en actividades como la construcción.
Esta vorágine inflacionista es que ha llevado a constructoras de obra pública, como publicó este periódico, a reclamar la revisión de la Ley de Contratos de 2017, que puso fin a la revisión de precios. Antes de su entrada en vigor, cada seis meses se divulgaba un índice oficial, con múltiples baremos, para determinar si el coste de una obra se desviaba del presupuesto, tanto al alza como a la baja. Esa opción ya no existe.
Las eléctricas vuelven a rescindir contratos de tarifa fija: “Prefieren indemnizarnos”
La comunicación llega por vía postal. Una carta en la que Naturgy, en el caso de esta empresa industrial de Vigo, le comunica su decisión de rescindir un contrato de tarifa fija que tenía vigencia hasta mediados de 2022. “Prefieren indemnizarnos por una rescisión anticipada antes que no repercutirnos la subida de los precios”, constata su director general a FARO. Y no es el único, como certifican en la patronal de Pontevedra.
Se repite así la misma hoja de ruta que siguieron empresas eléctricas en 2018, por ejemplo, cuando decidieron cancelar el contrato con más de un centenar de empresas del automóvil, la mayoría de la comarca de Vigo, que negociaban de forma agrupada a través del Cluster de Empresas de Automoción de Galicia (Ceaga). En ese momento, septiembre de 2018, el megavatio hora cotizó de media a poco más de 71 euros en España, muy lejos de los valores actuales. El grueso del naval vigués utiliza para la compra de electricidad a la Coordinadora de Aprovisionamientos de Astilleros (Coaproa). Esta agrupación de interés económico –que integra a Hijos de J. Barreras, Armón, Cardama, Metalships y Freire Shipyard, además de a los vascos Balenciaga, Zamakona o Gondán–, se vio obligada entonces años a pasarse al pool mayorista de electricidad tras la rescisión de la tarifa fija.
