La última propuesta hasta ahora para un acuerdo en el seno del Gobierno sobre la intervención en el mercado del alquiler dentro de la nueva ley de vivienda recoge una subida máxima del 10% en la renovación del contrato y la posibilidad de que el arrendatario solicite una prórroga extraordinaria de hasta tres años sin cambios en las condiciones en las zonas tensionadas, y una batería de bonificaciones y reducciones en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para propietarios que saquen pisos en esos lugares de mucha demanda y poca oferta, sus inquilinos sean jóvenes o voluntariamente decidan rebajar más de un 10% el recibo.
No parece que vaya a cuajar. El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, dirigido por el socialista José Luis Ábalos, defiende que esta opción “cumple escrupulosamente los acuerdos firmados” con Unidas Podemos para sacar adelante la coalición y los presupuestos generales de 2021. La secretaria general de la formación morada y ministra de Derechos Sociales rechaza los incentivos fiscales y apuesta por “índices de referencia” como “única manera de bajar los precios”.
La mensualidad media en Galicia alcanzó el pasado ejercicio otro máximo histórico de casi 440 euros, según el balance del Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) con los datos de las fianzas depositadas por los titulares de los inmuebles. Los bajísimos tipos de interés dejan poco margen para sacar provecho de los depósitos bancarios y los alquileres se han convertido para muchos gallegos en un oasis de rentabilidad alternativo y un negocio anual de cerca de 800 millones de euros.
La radiografía que la Agencia Tributaria acaba de publicar con la información del IRPF de 2019 incluye por primera vez un apartado específico sobre la vivienda. En Galicia se declararon ese ejercicio un total de 1.050.490 inmuebles, de los que la mayoría, 581.500, funcionan como residencia habitual, y otras 314.700 no lo son, aunque estaban igualmente a disposición de sus dueños. Bajo el epígrafe de disponibles para el arrendamiento se presentaron unas 154.300, con nueve de cada diez situadas en la comunidad y el resto en otra región distinta a la del domicilio fiscal del contribuyente. Pero no todas dejaron algún tipo de rendimiento para sus propietarios.
Las viviendas que efectivamente se alquilaron a lo largo de 2019, en su totalidad o alguna parte y que, por tanto, repercutieron en el IRPF, alcanzaron las 135.964. Es lo que la Agencia Tributaria denomina “número equivalente de viviendas arrendadas”. Para calcularlas, el organismo tiene en cuenta el periodo de tiempo de alquiler y el reparto de la propiedad. “Son numerosos los casos de múltiples usos de la vivienda”, explica el fisco.
“Estos pueden derivar de la copropiedad del inmueble durante los mismos días, lo que puede ocasionar que el mismo inmueble para un propietario sea su vivienda y otro ceda su parte en arrendamiento o la mantenga a su disposición –añade–. También puede derivar de la transmisión de la titularidad de un inmueble a lo largo del ejercicio, o derivar de un cambio de uso del mismo inmueble por el mismo propietario en días distintos del año, etc.”
De esos casi 136.000 inmuebles declarados en arrendamiento, hay 2.800 que son vivienda habitual de sus titulares, aunque con alguna parte alquilada, y 756 ocupados por sus dueños también, pero con más usos. El resto son alquileres convencionales de vivienda: 129.167 para estancias largas y 3.222 por temporadas, residencia de estudiantes, de trabajadores desplazados o servicio turístico, entre otras modalidades.
Los ingresos computables por todos esos alquileres sumaron 765,4 millones de euros en 2019, según la Agencia Tributaria, lo que supone un rendimiento medio de 5.722 euros por arrendamiento. Los propietarios pudieron deducir alrededor de 314,6 millones de euros de sus gastos en los inmuebles arrendados. La mayor cantidad, 128 millones (1.499 euros cada uno), fue por la amortización y mejora del inmueble; en gastos de comunidad se contabilizaron 54,5 millones (730 euros de media); más de 31 millones de euros (281 euros) se debieron a tributos, recargos y tasas; otros 27 millones vinieron de intereses y gastos de reparación y conservación; y15,7 millones por primas de contratos de seguro. Únicamente se registra entre los gastos deducibles un saldo de 1,8 millones de euros de dudoso cobro por 848 arrendamientos. Limpios los ingresos de los gastos, el rendimiento neto de los alquileres declarados en el IRPF se sitúa en Galicia por encima de los 450 millones de euros.
En el conjunto del país, el número equivalente de viviendas arrendadas rozó los 2,2 millones, que reportaron unos ingresos a sus dueños de 16.822 millones de euros. El rendimiento medio se situó en 7.763 euros anuales. Las comunidades con mayor importe fueron Baleares (10.672 euros), Madrid (9.522) y Cataluña (8.940). A la cola figuran Extremadura (5.510 euros de rendimiento medio) y Murcia (5.376 euros).
Entre enero y mayo en Galicia se depositaron 12.979 fianzas por contratos de alquiler de vivienda, un 50% más que en el mismo periodo del pasado año, cuando todo el país estaba bajo el confinamiento estricto del arranque de la pandemia. El precio medio de los arrendamientos se queda en los 438,4 euros, después de una caída del 0,1% respecto a 2020. La bajada es muy ligera, pero también excepcional porque el importe de los alquileres no dejó de subir en los últimos cinco años: casi un 20% de encarecimiento acumulado desde 2016.
Vigo y A Coruña se mantienen a la cabeza del precio del alquiler en Galicia, ambas ciudades por encima de los 523 euros al mes. A continuación, según el informe del IGVS, está Pontevedra (485,8 euros), seguida de Santiago (459) y Ourense (421). En Lugo rondan los 394 euros y los 380 en Ferrol.
Casi 4,5 millones de euros de ganancias por juegos, rifas y loterías en la comunidad
Los contribuyentes gallegos declararon en 2019 unos 674 millones de euros de ganancias patrimoniales. Ingresos que nada tienen que ver con la ocupación habitual, el empleo, ni por el rendimiento de sus inversiones empresariales y el ahorro. De premios de juegos, rifas o combinaciones aleatorias sin fines publicitarios, unas 18.500 personas lograron casi 4,5 millones de euros; y otros cerca de dos millones en ese tipo de premios, aunque con fines publicitarios. Hubo 96 contribuyentes con subvenciones para la adquisición de vivienda de protección oficial o precio tasado con un importe declarado de 235.700 euros; otras 1.240 personas sumaron 3,5 millones por ayudas destinadas a la adquisición o rehabilitación de la vivienda habitual; y 5.400 con ganancias de otras ayudas públicas por un valor de 9,4 millones de euros. Por la venta de acciones, fondos, derchos y otros elementos patrimoniales, las ganancias de 145.600 contribuyentes superó los 597 millones de euros.
