Regular el precio del alquiler: la escalada sin límite de las rentas en Galicia

La ministra de Trabajo y Economía Social y próxima vicepresidenta tercera del Gobierno está convencida de que habrá acuerdo en la regulación de los alquileres y en la Ley de Vivienda. “No se trata de ceder, va a haber acuerdo seguro”, aseguró Yolanda Díaz antes de comparecer en la Comisión de Trabajo del Congreso para explicar la evolución de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) y dar cuenta de la negociación de la reforma laboral con los agentes sociales.

Su partido plantea intervenir el mercado del alquiler en zonas de mercado tensionadas fijando topes a los precios en base a los índices que se elaboren en las distintas comunidades autónomas, con la condición añadida de que en ningún caso la renta a abonar por el inquilino sea superior a la del anterior contrato suscrito.

Los ayuntamientos podrán contener las subidas "abusivas" y "sostenidas" de los alquileres

No obstante, el planteamiento de la formación morada establece una serie de supuestos en los que se puede superar dicho índice en un 2,5% si se reúnen una serie de variables. Por otro lado, aboga por el despliegue de un registro de contratos de alquiler en el que se especificará, en entre otros campos, si el inmueble pertenece a una 'socimi'.

El sistema confeccionado por Unidas Podemos se sustenta en el modelo catalán y pauta que los contratos de alquiler en zonas de mercado tensionado tendrán una renta que "no podrá superar" el índice oficial de referencia para el alquiler de una vivienda de características "análogas en el mismo entorno urbano".

Dicho índice de precios será elaborado por las respectivas comunidades autónomas mediante "metodologías objetivas y sujetos a revisión periódica". Para su fijación, se tomará como referencia las rentas de los contratos de alquiler de vivienda habitual en las zonas tensionadas y "nunca podrá superar el precio del anterior contrato de arrendamiento".

Pero ¿en que situación se encuentra Galicia? ¿Hay que poner coto o el único remedio es aumentar la oferta? Lo que está claro es que ni la crisis económica provocada por la pandemia sirve de freno para el acelerón del coste de alquilar en Galicia. En 2020 rozó los 440 euros de media, otro récord tras una subida del 4% en el último año.

Desde 2015 no ha habido un solo año que los alquileres no se hayan encarecido en Galicia, alentados por la fuerza de la demanda. La mensualidad media se situaba entonces en 363 euros, según los datos del IGVS. En cinco años los precios se dispararon un 21%. Cada vez se hace más complicado encontrar contratos baratos. De hecho, la reducción de arrendamientos durante el pasado ejercicio se concentra en los de menos de 500 euros. En los más caros el aumento fue del 11%. .

A Coruña y Vigo se mantienen a la cabeza de los precios más elevados, con 530 y 521 euros, respectivamente. Las dos ciudades superan con mucho el alza media desde 2015: un 27,9% en el caso de A Coruña y el 26,9% en Vigo. Aunque el incremento más destacado es del de Pontevedra, un 34%, hasta los 486 euros.

Las medidas de protección reducen un 38% los desahucios

Los juzgados gallegos realizaron un total de 1.398 desahucios en 2020, lo que supone un 38,4% menos que en 2019, según los datos publicados ayer por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En el conjunto del Estado la caída fue siete puntos superior, un 45,6%. El 82% de los lanzamientos (1.150) se debieron a impagos de alquiler. Otros 206 se corresponden con ejecuciones hipotecarias y los 42 restantes fueron por otras causas.

Las demandas de ejecuciones hipotecarias presentadas ascendieron a 772, un 1,8% más que en 2019, cuando se registró la cifra más baja en 12 años. En el Estado el incremento fue mucho mayor, del 17,5%.

El número de denuncias por ocupación de viviendas en Galicia no llega ni de lejos a los datos de desahucios y ejecuciones, según los datos del CGPJ. Fueron 94 de casos en los que los propietarios son personas físicas, entidades sin ánimo de lucro o entidades públicas poseedoras de vivienda social, tras una reducción del 35% en comparación con el ejercicio precedente, cuando llegaron a 145.

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