La primera reunión formal de BBVA con los sindicatos el pasado viernes para negociar el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para unos 3.000 trabajadores no dio mucho de sí. No se sabe aún la cifra concreta de afectados ni la entidad desveló por el momento cómo se ejecutarán las salidas. En breve arrancará ese mismo proceso en Caixabank para digerir la absorción de Bankia, y tampoco en este caso la cúpula cuantificó oficialmente el recorte, aunque varias fuentes apuntan a más de 7.000 puestos. La fuerte presencia de ambos grupos en Galicia –BBVA es el cuarto operador con alrededor de 140 sucursales y 800 efectivos y Caixabank el tercero (170 oficinas)– hará difícil que la comunidad escape del enésimo ajuste de la “capacidad instalada”, como le llaman en el sector a la reestructuración laboral y de red iniciada hace más de una década y que aquí deja a media región al borde de la exclusión financiera.
Primero fue el adelgazamiento por las alertas del fin de la burbuja inmobiliaria y el elevadísimo endeudamiento ligado al ladrillo. Luego, la intensa etapa de las fusiones y el sistema institucional de protección (SIP) como cortafuegos del sistema a las cajas de ahorros más débiles. La sequía de la doble recesión alargó el baile de las integraciones, hasta que la digitalización ganó fuerza en el negocio y el COVID-19 consolidó el cambio de paradigma en la forma de hacer banca.
“Va hacia un modelo híbrido con la presencia de la tecnología cada vez más fuerte”, señala Luis Otero, profesor de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Santiago (USC), en un mercado con cada vez mayor competencia por las fintech y las grandes instituciones financieras. Como ocurre en otras actividades como la telefonía y la energía, “en esta transformación la capilaridad tan grande en la red pierde sentido y las entidades están impulsando oficinas más grandes y especializadas para banca personal”.
Galicia sufrió como ningún otro territorio las consecuencias de la reconversión del sector en los primeros años. El matrimonio forzado de Caixanova con Caixa Galicia y la compra del Pastor por el Popular, que terminaría en manos del Santander, agravaron el fenómeno. En septiembre de 2008 había 2.539 sucursales en la comunidad. A cierre del pasado 2020, según los últimos datos publicados por el Banco de España, quedaban 1.231. En poco más de una década bajaron la persiana 1.308, el 51,5% de la red. Un descenso que solo superan Baleares (51,6%), Madrid (55%), Comunidad Valenciana (57,6%) y Cataluña (64%). En todo el país la caída ronda el 51%. Extremadura y Castilla-La Mancha, que se adelantó a la reestructuración por la intervención un poco antes de su principal entidad de ahorros, se sitúan a la cola de los cierres desde el máximo de oficinas con una bajada del 34%.
“Y eso que Galicia cuenta con un banco que sigue prestando un servicio con esa reminiscencia de caja”, recuerda Luis Otero, en referencia a Abanca. Probablemente por eso el déficit de atención al cliente en el sector no sea todavía más grave en la comunidad. La entidad presidida por Juan Carlos Escotet aguanta de momento como única enseña en buena parte del territorio gallego. ¿En cuántos concellos hay ya solo una entidad? En 118. Pero es que en 45 no existe ni eso porque cerraron todas las sucursales.
Los tres últimos municipios en sumarse al vacío financiero en su demarcación son A Teixeira (Ourense), Samos (Lugo) y Mañón (A Coruña). Sus sucursales forman parte de las 132 precintadas por el sector a lo largo de 2020. En otra docena de ayuntamientos, el pasado ejercicio redujo la presencia de la banca a la mínima expresión tras el cierre de una de las dos oficinas que convivían: Meis, Vilaboa, Ponte Caldelas, Agolada, Oia, Avión, Maside, Sober, Quiroga, Rois, Boqueixón y Dumbría.
"En muchos casos las personas que viven en esas zonas por su edad no son usuarios tipo de la banca electrónica”
“Es claramente un problema de exclusión financiera porque en muchos casos las personas que viven en esas zonas por su edad no son usuarios tipo de la banca electrónica”, advierte Otero. Las finanzas conservan, además, un perfil de servicio “básico, casi público” en la gente mayor, “al igual que una farmacia”. “Hacían una labor para facilitar servicios que corresponden a la administración, sobre todo en lo relativo al cobro de impuestos o licencias –añade el especialista en sector financiero–. Sin olvidar el problema que supone para acceder al efectivo porque dudo mucho que en las ferias o los bares predominen los pagos digitales”. El repliegue de la red bancaria, más intensa en zonas apartadas y rurales, contrasta con la apuesta por llenar la España vaciada. Hay concellos que se han quedado sin la posibilidad de acudir a la localidad de al lado para usar la oficina porque también allí cerró. “Con lo que cada vez costará más conseguir trabajadores para que atiendan oficinas en esas zonas”, añade Otero.
Hay 11 concellos, según la Federación Galega de Municipios y Provincias (Fegamp), que solicitaron hasta ahora la colocación de un cajero en dependencias municipales a cargo del convenio impulsado por la Consellería de Facenda para garantizar el servicio en aquellos que se quedaron sin oficinas. El departamento que dirige Valeriano Martínez está analizando las alegaciones presentadas a las bases del contrato.
“Es evidente que todas las grandes entidades apuestan muy fuerte y se ha invertido mucho dinero en digitalización y que en los cajeros es posible hacer prácticamente cualquier operación”, explica Jorge Villarino, secretario general de Sector Financeiro de CCOO-Galicia, pero “el rol de la plantilla es esencial”. “Quedó claro en la pandemia –destaca–. Los trabajadores de banca fueron declarados esenciales y gracias a ellos se mantuvo la actividad por las tramitaciones de los ICO, las novaciones, incluso las prestaciones del SEPE”. A la espera de lo que suceda con los ERE de Caixabank y BBVA, Villarino asegura que las plantillas están en Galicia “ya muy justas, sufriendo un recorte vegetativo que no se compensó”.
