La salvación de Hijos de J. Barreras, en febrero de 2020, se forjó sobre una frágil alianza de múltiples actores, que incluso habían exhibido intereses contrapuestos entre sí. Pero todos ellos habilitaron la continuidad del mayor astillero privado de España: Pemex, Albacora, Cruise Yacht YardCo, Oaktree, industria auxiliar, Cesce, entidades financieras, aseguradoras o Gobierno central sellaron in extremis un acuerdo complejísimo, con mil aristas legales y económicas. Visualmente, una torre de papeles. Entre ellos figuraba el traspaso de la propiedad del crucero ultrapremium para The Ritz-Carlton Yacht Collection, el Evrima. Pasó de ser un buque en construcción, a nombre de la propia Barreras, a un activo de la sociedad Aris Rosen. Volvió a transferirse por segunda y última vez y con destino Malta, a nombre de Cruise Yacht 1, una de las que conforman el grupo que dirige Douglas Prothero. Esta misma empresa, que es por tanto dueña del Evrima, logró también entonces disponer de una posición de privilegio frente al propio astillero: sus terrenos de Beiramar y Tomás Alonso están hipotecados a su nombre.
Así figura en las cuentas anuales de la atarazana, auditadas el pasado diciembre. Se trata de cuatro fincas registrales, gravadas “en el ejercicio 2020 con hipoteca real a favor del armador Cruise Yacht 1 Ltd como consecuencia de la nueva financiación recibida”, acota la memoria de gestión. Son todas propiedad de Hijos de J. Barreras. Dos de las fincas (11107 y 58548) fueron tasadas en marzo de 2020, después de haber levantado la amenaza de liquidación que pesaba sobre el astillero. El “experto independiente” contratado para aquella tarea le otorgó un valor de mercado 10,136 millones de euros. Los terrenos en cuestión están frente a la entrada principal a Barreras, e incluyen tanto el taller de aceros como las demás edificaciones que rematan en la calle Tomás Alonso, ahora en desuso. De acuerdo a la información facilitada por el Catastro, suman una superficie de 22.400 metros cuadrados; fueron construidas en 1940 y 1975, respectivamente. No comprende el espacio donde se ubican las gradas o el varadero, ya que disfruta de esos 61.400 metros en virtud de una concesión administrativa.
La operativa
Distintas fuentes jurídicas consultadas apuntan que una decisión como ésta “no es extraña entre empresas vinculadas”. Los terrenos tienen ahora esa hipoteca real en favor de Cruise Yacht 1, del mismo grupo que Cruise Yacht YardCo, a su vez propietaria del 100% de Hijos de J. Barreras. “Es una garantía, de este modo privilegias la recuperación de tu crédito frente a otros”, apunta uno de los expertos. “Si una operación se realiza en condiciones de mercado no se considera que tenga un efecto negativo de cara, por ejemplo, a un eventual concurso”, incide el segundo. “Este tipo de acuerdos otorgan una garantía real que permite a un acreedor, en caso de impago, ejecutar el bien en pública subasta”, hasta recuperar los importes que se le deben.
Como publicó FARO, el hecho de que el traspaso del Evrima a un tercero (de Malta, en este caso) no hubiese sido notificado al Registro de la Propiedad –un error de un bufete de Madrid–, permitió a dos pequeñas auxiliares la interposición de una demanda por embargo sobre la propia embarcación. Y en los días previos a su salida a Santander. El astillero consignó los 80.000 que le reclamaban las proveedoras, ya que corría el riesgo de tener que esperar a que la jueza tardase en resolver, y abortase así los planes para llevar el crucero a pintar de inmediato. A pesar de que tuviera que esperar un mes, hasta mediados de abril, para poder subir al dique seco de Astander.
Los terrenos
Los mismos terrenos fueron objeto de polémica en el pasado. Hace una década, y con José García Costas en la presidencia, el TSXG rechazó la pretensión del astillero de reservar para uso residencial los terrenos ociosos con fachada a la calle Tomás Alonso. La empresa quería recalificar el suelo con vistas a desarrollar un proyecto inmobiliario en el futuro y, ante la catalogación incluida en el PXOM vigués, presentó un recurso en el que pedía la anulación del planeamiento en esos terrenos. Alegó que, en los ámbitos del entorno, antes industriales, sí se permiten ahora usos residenciales, comerciales y terciarios, y defendió que la parcela cumple los requisitos para integrarse en la trama urbana. El TSXG rechazó que toda esa zona tenga que recibir un tratamiento “igualitario” y avaló la planificación del Concello, que busca “la mayor racionalidad y la calidad”, reza la resolución judicial.
