“Debemos afirmar que la administración concursal tiene la facultad de proceder a las negociaciones y autorizaciones de venta con sujeción al plan de liquidación, sin que necesite autorización judicial parcial”. En base a este auto del magistrado del Mercantil Sergio Burguillo, dictado el 4 de diciembre, los administradores concursales procedieron este jueves a la venta de la antigua Factorías Vulcano. Una operación de 7,85 millones de euros que incluyó una concesión administrativa de 25.095 metros cuadrados, con lámina de agua, que aporta al astillero salida al mar. Es lo que necesita Grupo Argos, el nuevo propietario de las instalaciones, para que prospere su proyecto para retomar la construcción y reparación navales en las faldas del monte de A Guía. Para que Astilleros San Enrique, la nueva sociedad, sea un astillero de verdad. Pero el holding de José Alberto Barreras firmó la compra a sabiendas del riesgo que asumía, y que ayer le recordó la Autoridad Portuaria de Vigo: ese usufructo de los terrenos, esa concesión, está en tela de juicio. Literalmente: será un Tribunal de Conflictos el que decida si todavía forma parte de la unidad productiva de la exVulcano –y, por tanto, ahora de Argos– o si ésta caducó el 1 de julio de 2019, el día que los Santodomingo pidieron la liquidación de la atarazana. En tanto no se despeje esta enorme equis, el Puerto ha solicitado que se suspendan los efectos de la escritura de compraventa. Que la venta del astillero quede en stand-by.
A través del servicio jurídico del Estado, como informó la institución que preside Jesús Vázquez Almuiña, se ha presentado un recurso de reposición en el juzgado “requiriendo la suspensión de la venta de la unidad productiva”. ¿Cómo arma su posición el Puerto? Con el artículo 11 de la Ley Orgánica de Conflictos. Dice así: “El órgano administrativo o jurisdiccional, tan pronto como reciba el oficio de inhibición, suspenderá el procedimiento en lo que se refiere al asunto cuestionado”. Al Mercantil 3 de Pontevedra, con sede en Vigo, sí se le solicitó la inhibición, para que no facilitase la venta de la extinta Vulcano hasta no aclarar quién tiene pleno derecho sobre los terrenos en litigio. Pero el magistrado Burguillo no atendió a esta petición, firmada por el delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada. Es más, aseveró lo siguiente: “La consecuencia es clara, la de la plena autonomía de la administración concursal para la aceptación de las ofertas que se presenten con una única limitación, que no se ajusten a lo establecido en el plan de liquidación”. ¿En medio? Una compañía que quedó hecha un témpano; no se esperaban un litigio con el Puerto “tan pronto”.
“El objetivo es volver a ver barcos”, dicen los sindicatos
La tesis de Vázquez Almuiña es la misma que la de su predecesor, Enrique López Veiga. “La Autoridad Portuaria de Vigo apoya la actividad naval y la creación de puestos de trabajo, pero con garantías jurídicas”. Asimismo, ha recordado que, aunque el Tribunal de Conflictos no considere extinguida la concesión, ésta tiene fecha de caducidad: 15 de diciembre de 2027. En su día, Factorías Vulcano no se acogió a la disposición que permitía alargar el derecho sobre esos terrenos, como sí hicieron otros astilleros de la ría. Cuando llegue esa fecha, la concesión administrativa será sometida a un concurso público, de libre concurrencia.
Las reacciones
El Puerto ha intervenido de inmediato, en buena medida ante las expectativas creadas por el desembarco del equipo de Juan Moreno Portillo (director general de la división naval de Argos) en Teis. El presidente del comité de empresa, Nicolás Sangabriel (CC OO), valoró la “valentía” de la nueva propiedad. “El objetivo es volver a ver barcos”. Más cautos se mostraron en UGT y CIG, en espera del dictamen del tribunal competencial. La Asociación de Industrias del Metal y Tecnologías Asociadas, Asime, exhibió su “confianza” en que las instalaciones “sigan orientadas a potenciar la industria naval”, si bien también abogó por “esperar” a que se determine si la desaparecida Vulcano no tiene derecho al uso de esos más de 25.000 metros cuadrados con efectos desde hace año y medio.
Cinco preguntas clave de un conflicto recurrente
Porque el juzgado de lo Mercantil 3 de Pontevedra, con sede en Vigo, lo autorizó. “La administración concursal tiene la facultad de proceder a las negociaciones y autorizaciones de venta con sujeción al plan de liquidación, sin que necesite autorización judicial parcial en lo establecido en el plan”. Así reza el auto del magistrado Sergio Burguillo del 4 de diciembre: el Ejecutivo le pedía que se inhibiera en favor del Tribunal de Conflictos, pero lo rechazó. Dictó que los administradores, Emilio Rodríguez de Dios y Diego Comendador, tenían plena autonomía para ejecutar la operación.
No. Es cierto que en septiembre acordó con la administración concursal los términos de un acuerdo que incluía el pago de 7,85 millones por la antigua Vulcano, independientemente de si mantenía o no la salida al mar (la concesión administrativa). Pero el 17 de noviembre quiso retractarse. El abogado Pedro Solanche, del grupo de José Alberto Barreras, pidió a los liquidadores que se retirara este párrafo del acuerdo de compraventa, la cláusula quinta: “Además, como quiera que la Autoridad Portuaria ha presentado reclamación judicial sobre la titularidad de la concesión administrativa citada, en el supuesto de que dicha Autoridad obtuviera judicialmente la pretensión reclamada, ésta no afectará a la perfección de esta compraventa, entendiéndose perfecta y válida, si bien la concesión no formaría parte de los activos de la unidad productiva objeto de compraventa”. El propio Barreras resolvió el cisma abierto de repente con Comendador y Rodríguez de Dios: “Mantenemos íntegramente el precio [...] tanto si la futura concesión es la que hoy tiene Vulcano a su nombre y que vence en el año 2027 [...] como si en el futuro conseguimos, a nombre de Astilleros San Enrique, una nueva concesión a más largo plazo. El precio no se toca”, escribió el veterano empresario, según la documentación a la que ha tenido acceso FARO.
La cláusula quinta del acuerdo, que Argos pidió retirar en noviembre / L.G.
Por este motivo no, pero se quedarían con solo una parte de la unidad productiva: 38.436 metros cuadrados con “edificaciones escasamente polivalentes, estando su polivalencia ligada los terrenos en concesión administrativa”, según la administración concursal. Precisamente porque lo que se firmó este jueves en Vigo fue el acuerdo primigenio, con la cláusula quinta incluida. Esto es, aceptando el riesgo de perder la concesión. De los 7,85 millones en los que fue valorada la operación, la compañía de José Alberto Barreras ha dejado para el 31 de marzo el pago de 2,2 millones. El resto, sin contar con la subrogación de los créditos del ICO (2,5 millones), ya lo ha abonado en metálico. Perdería todo el dinero ya depositado –que se destinaría a adelgazar mínimamente la nómina de acreedores– en caso de que el 31 de marzo no desembolse los 2,2 millones que pidió aplazar.
El director general de la división naval de Argos, Juan Moreno, ha insistido en que nunca fue su objetivo “especular” con los terrenos. La sociedad, con dos millones de capital social, se quedaría con unos terrenos valorados en 4,6 millones de euros, con unos edificios “en mal estado general de conservación y mantenimiento”. Podría venderlos, eso sí, aunque el propio José Alberto Barreras ha asegurado por escrito que no quiere aplicar su know how en ladrillo en las instalaciones de Teis. “Existen estúpidos rumores en Vigo que creen que estamos buscando una operación inmobiliaria especulativa con los terrenos, lo cual es absurdo, pues nadie pagaría una cifra tan importante por unos metros de terreno industrial en zona tan poco atractiva como la que rodea al astillero”, escribió el 21 de noviembre. “Urge pues confirmar con hechos que el tema va en serio”.
Que la concesión ha de salir a concurso, con libre concurrencia. Es decir, sin que pueda prevalecer un postor sobre otro, aun considerando que Astilleros San Enrique esté desarrollando tareas de construcción naval en las instalaciones. “Querríamos incluso ampliar la nueva concesión”, exhortó José Alberto Barreras. Como en Huelva, donde quiere pedir una extensión de este usufructo durante 40 años.
