Los 800 megavatios (MW) adjudicados por el Gobierno el 18 de enero de 2016 simbolizaron el fin del parón renovable tras la reforma del exministro José Manuel Soria que acabó con los históricos incentivos a las energías limpias. De aquella primera subasta salieron para Galicia un par de parques de aerogeneradores de la empresa EDP y la planta de biomasa que Greenalia acaba de encender en la localidad coruñesa de Curtis. Supo a poco porque el sector en la comunidad acumulaba unos cuantos años más de sequía por el fallido concurso eólico impulsado por el PP a su vuelta a la Xunta como alternativa al también discutido reparto del bipartito. El gran impulso a las fuentes verdes vino después, con las otras dos macropujas estatales de potencia que dejaron en Galicia unos 460 MW de nueva eólica, colocándola a la cabeza del mix de producción de electricidad. A ese mismo ritmo quieren seguir los promotores del viento en la región, que se fijan como meta una inversión de 2.500 millones de euros en los próximos cinco años. La duda de si habrá próximas subastas para materializar ese objetivo está ya resuelta. El Consejo de Ministros aprobó ayer un Real Decreto-Ley con el que el Ministerio para la Transición Ecológica sacará más potencia este mismo año.
Incluso podría ser más de una subasta, según el departamento que dirige Teresa Ribera, convencida de que las renovables abren una oportunidad a la que el país "no puede renunciar" como palanca de reactivación económica tras la embestida del coronavirus. A la espera de los detalles concretos cuando se convoquen, la intención es que esta vez las pujas se vinculen al precio de la energía -y no a un coste fijo por kilowatio superior al valor de mercado-, como sucede en otros países. Se primará la eficiencia y entre los criterios de adjudicación estarán la madurez tecnológica y la localización de las instalaciones, con lo que queda la puerta abierta a beneficiar a las zonas más castigadas por la descarbonización. "España -sostuvo la ministra- está preparada para aprovechar la nueva revolución industrial". La norma quiere impulsar "de forma ordenada y rápida" la "transición verde" hacia un sistema eléctrico "100% renovable".
Eso en Galicia podría conseguirse ya dentro de un lustro, según la patronal eólica EGA, si cada año se suman de media 500 MW. En estos momentos hay 3.805 en funcionamiento y los promotores estiman que el actual 2020 acabará con cerca de 4.000 repartidos en 186 parques con una producción equivalente al consumo de 2,5 millones de hogares. El desarrollo de otros 2.500 MW hasta 2025 implicaría, estima EGA, la creación de 6.000 empleos.
Realmente la cartera de proyectos da para ese horizonte y mucho, muchísimo más. En Galicia existen 5.600 MW en parques eólicos con conexión a la red aprobada y otros 2.500 que tramitan en estos momentos el permiso, según los datos actualizados hasta 30 de abril por el operador del transporte, Red Eléctrica de España (REE). De ir adelante semejante cantidad, Galicia triplicaría la potencia instalada en parques eólicos. A otros 2.000 se les denegó. Sin la autorización, sin engancharse al sistema para volcar la electricidad, es imposible activar la instalación. Pero tenerla tampoco implica que el parque en cuestión vaya a ponerse en pie.
Proyectos presentados
¿Existe un riesgo de burbuja renovable en Galicia? El propio conselleiro de Economía, Emprego e Industria reconocía en una entrevista a FARO el pasado fin de semana que sí, aunque lo ciñó al "punto de vista de la prestación de proyectos". "La clave será que esos proyectos en su tramitación respondan a los requerimientos ambientales, urbanísticos y de garantías", señaló Francisco Conde, con la advertencia de que su departamento será "muy riguroso". La Xunta acumula unos 1.000 MW ahora mismo en tramitación, incluida la treintena de parques aflorados por Greenalia y Capital Energy en los últimos meses; y otros 1.500 hacen lo mismo en Transición Ecológica, encargado de revisar los proyectos de más de 50 MW. El problema no es, ni mucho menos, exclusivo de Galicia. En el conjunto del Estado esperan 115.400 MW de eólica y solar con conexión a la red y 42.900 en espera de obtenerla. REE rechazó 102.000 MW.
El decreto aprobado ayer en el Consejo de Ministros pone el foco en la burbuja renovable. Las solicitudes multiplican por más de siete el objetivo de potencia renovable operativa previsto en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) hasta 2030, donde se recogen inversiones por valor de 90.000 millones de euros y hasta 135.000 empleos. El ministerio comparte la idea de que existe un posible "componente especulativo" con empresas que solo están interesadas en revender los derechos de conexión dada "la escasa madurez" de un parte importante de los proyectos, "alrededor del 60%", que frenan la puesta en marcha de las instalaciones que sí son solventes.
La administración revisará que los proyectos vayan dando los pasos necesarios, especialmente las autorizaciones ambientales y administrativas. De lo contrario se darán por caducados, con la correspondiente devolución del aval depositado para la conexión a la red. Habrá también tres meses para renunciar y Transición Ecológica elaborará una nueva normativa con más requisitos para lograr el permiso de REE. Mientras, no se darán más.
