22 de febrero de 2013. Es un día desapacible en Chapela. Martillea una lluvia intermitente, a ratos indecisa, con andanadas de granizo. En un despacho de Pescanova, el teléfono de Manuel Fernández de Sousa hace cuatro llamadas. Cita a sus interlocutores en calidad de "socios de mayor peso" en la compañía, pero para un encuentro no oficial que se producirá tres días más tarde. Participan el propio Sousa, Alfonso Paz-Andrade, José Antonio Pérez-Nievas, José Carceller y François Tesch. El presidente les traslada que la pesquera, de la que avanzaría -en un documento oficial y auditado- un beneficio de 36,6 millones, era insolvente. Que de su bolsillo habían salido 16 millones de euros para paliar las tensiones de tesorería, y que necesitaba que los demás hicieran lo mismo. La imagen de la fulgurante Pescanova SA se rompió para siempre. Se tardaron meses en descubrir que aquellos "resultados mejores de lo esperado", que Sousa había avanzado a Tesch, eran mentira; que las cifras de 2012 escondían unas pérdidas de casi 800 millones de euros. La bella y vieja Pescanova terminó protagonizando el mayor concurso de acreedores no inmobiliario de la historia empresarial española, con una deuda de 3.675 millones de euros. El 2 de diciembre arranca en Madrid el juicio que ha de dirimir las responsabilidades del macrofraude que casi se lleva por delante a un grupo que siempre fue transgresor.
Se sentarán en el banquillo 19 exconsejeros, antiguos directivos y la auditora BDO, en un proceso que se prolongará hasta el 26 de marzo en el edificio que la Audiencia Nacional tiene en el Polígono Las Fronteras, en San Fernando de Henares. Los imputados, para los que la Fiscalía ha reclamado más de 160 años de prisión, llevan semanas preparando el juicio con sus defensas. El otrora máximo directivo de la compañía, hijo de su fundador (José Fernández López), encara una petición de tres décadas de cárcel, amén de una multa de 22 millones de euros y fianzas solidarias de responsabilidad civil por más de 320. Importes que están a años luz de la relación de bienes que el propio Fernández de Sousa remitió al juzgado en 2014: una finca rústica en El Escorial, acciones (el grueso, papel mojado, al estar vinculadas a la vieja Pescanova), dos vehículos Mercedes y una cuenta corriente con 4.007,32 euros. "Los hechos, operativas y prácticas desarrolladas por el Grupo Pescanova no fueron fortuitas, sino que fueron resultado de una planificación de forma consciente que se han venido realizando durante varios años por parte de la dirección", destacó el magistrado que culminó la instrucción, José de la Mata (la investigación arrancó con Pablo Ruz), en el auto de apertura de juicio oral. No será el único: la familia del expresidente -esposa y dos hijos- están siendo investigados en una pieza separada por blanqueo o alzamiento de capitales.
Todas las flechas señalaron siempre a Sousa, quien ha defendido su proceder atribuyéndolo siempre al beneficio de Pescanova. "De no haber sido por estas prácticas contables la empresa hubiera quebrado igualmente por el estrangulamiento de crédito que sufrió, y muy probablemente hubiera desaparecido", alegó hace poco más de un año. En los mensajes que trasladó a un confidente mientras se gestaba la crisis -desvelados en primicia por FARO-, se aprecia a un hombre derrotado y pesimista hacia su futuro. "Es evidente que ya no me queda mucho tiempo antes de que la Fiscalía me meta en prisión, es evidente que mi vida se acabó, es evidente que estoy arruinado, es evidente que ya no soy ni seré nadie. Está Sousa, sí, pero no figura él solo. "Los acusados, siempre bajo el control último del presidente, con el conocimiento y aceptación de los demás consejeros acusados, decidieron ejecutar prácticas irregulares [,,,] para seguir obteniendo financiación" cuando el grifo se había cerrado. Lo acompañarán en el banquillo los exconsejeros Paz-Andrade, Pablo Fernández Andrade (hijo), Fernando Fernández de Sousa (hermano) y José Antonio Pérez Nievas. Pero también una extensa nómina de directivos que, a la luz de la instrucción, fueron colaboradores necesarios para gestar el fraude. Figuran entre ellos Antonio Táboas (departamento Financiero), Alfredo López (Administración), Joaquín Viña (Auditoría) y Ángel González (Contabilidad).
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Además de hacia el antiguo equipo directivo, el auto judicial fue expeditivo con el rol de la entonces auditora externa de Pescanova, BDO. Durante los diez años en los que prestó sus servicios a Pescanova nunca puso salvedades a las cuentas, algo que sí había hecho su predecesora (Ernst & Young) en al menos diez ocasiones. El auto de apertura de juicio oral lleva a la auditora al banquillo por la comisión de "un delito de falseamiento de información económica y financiera", el mismo que se le imputa a su directivo Santiago Sañé, que deberá responder asimismo a la acusación de "un delito continuado de falseamiento de cuentas anuales. "Existen múltiples elementos indiciarios que permiten corroborar suficientemente [...] que BDO Auditores y Santiago Sañé tenían perfecto y completo conocimiento de las prácticas irregulares y que, sin embargo, las avalaron en sus informes de auditoría, todos ellos realizados positivamente y sin salvedad o comentario alguno", zanjó De la Mata. Como informó FARO en exclusiva, en julio de 2016 Cartesian Capital Group [uno de los fondos afectados por la estafa] retiró la demanda que había presentado en Nueva York contra la auditora, a la que acusaba de haber cooperado en la ocultación de deuda y pérdidas de la multinacional gallega. Desde la auditora o el fondo de inversión nunca quisieron precisar si el acuerdo conllevaba alguna contrapartida económica.
Pese al enorme perjuicio económico -la banca sufrió quitas de 1.560 millones-, solo una entidad financiera, Bankia, figura como parte acusadora del proceso.
