Factorías Vulcano se apaga y no asoman opciones para que sus instalaciones retengan ese trajín de chapas de acero, para que sigan alumbrando barcos o bloques. Y que preserve la única actividad que ha albergado en casi un siglo, cuando el astillero se mudó a Teis desde la calle Canceleiro. El administrador concursal (liquidador), Emilio Rodríguez de Dios, ha solicitado en el Mercantil número 3 de Pontevedra, con sede en Vigo, "el cierre de los establecimientos de que es titular, con cese total de su actividad empresarial y la extinción colectiva de los contratos de trabajo". Más aún, el economista ha reclamado la máxima celeridad dadas las "cargas laborales" que soporta la compañía, que "exceden los 260.000 euros" mensuales. "Esta determinación de la administración concursal se dirige hacia la liquidación simple", que conlleva la próxima extinción de la concesión portuaria, constataron fuentes jurídicas a FARO.
"La apertura de la fase de liquidación exige adoptar medidas urgentes destinadas a preservar la masa activa, para la mejor satisfacción de los créditos evitando en la medida de lo posible que el patrimonio de la empresa se vea mermado por causa de los créditos contra la masa dimanantes de la continuación de la actividad", agrega la solicitud del liquidador, a la que ha tenido acceso este periódico. "No se habrán presentado ofertas por la unidad productiva", añade el socio responsable de Derecho Concursal de On Tax & Legal, Ramón Ozores. La opción por la que abogaban desde los sindicatos al sector (Asime o Navalia) era la del traspaso de la unidad de producción, con la adjudicación a un tercero de -resume Ozores- "un conjunto de elementos capaces de constituir un negocio autónomo (trabajadores, activos, locales, licencias, contratos, etc)". Pero Vulcano se quedará ya sin 69 empleados (de 73) y cerrará todas sus oficinas. Al optar por la liquidación simple, con venta de sus activos y el cobro de las deudas, el administrador anticipa también la extinción de la concesión portuaria, renovada la última vez en 2009 hasta diciembre de 2027. El astillero ocupa una concesión de 25.095 metros cuadrados, y una lámina de agua de otros 6.575 metros. "Con la necesidad de espacio que tenemos, ese terreno nunca quedaría ocioso en absoluto. No sería complicado encontrarle uso", expuso el presidente de la Autoridad Portuaria, Enrique López Veiga.
La juez Ana Araceli Muñoz ya ha admitido a trámite la solicitud de Expediente de Regulación de Empleo (ERE) presentada por Rodríguez de Dios, y ha convocado a las partes a un "periodo de consultas cuya duración no será superior a 30 días naturales". Los sindicatos CC OO, UGT y CIG clamaron ayer contra la decisión de Rodríguez de Dios -cuenta con Diego Comendador como auxiliar delegado-, y volvieron a exigir la intervención de la Xunta para buscar un inversor, conservar la actividad industrial del astillero y los puestos de trabajo vinculados al mismo.
