Los 73 trabajadores de Factorías Vulcano cobraron, a la entrega del ferri Villa de Teror, la nómina de junio y la paga extraordinaria. Pero ya no hay empresa que pague su salario de julio, ni los venideros. La plantilla estaba de vacaciones, sujeta a la decisión que tomara el administrador concursal (liquidador) y, a fin de cuentas, de que un empresario del sector quisiera quedarse con las instalaciones del astillero y con algunos empleados. No habrá opción para que esto suceda, según apuntaron fuentes próximas a la compañía a este periódico. El actual gestor de la factoría, Emilio Rodríguez de Dios, planteó un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), que "no será firmado". "Era una puesta en escena porque a continuación teníamos que firmar uno de extinción". De este modo, y "como mucho en septiembre" se ejecutaría el despido colectivo. Ahora Rodríguez de Dios -cuenta con Diego Comendador como auxiliar delegado- deberá remitir el expediente a la autoridad laboral competente y al juez, Sergio Burguillo. Los trabajadores dan por hecho que será aceptado y que estarán "en la calle" en un mes. Este periódico trató de contactar reiteradamente con el comité de empresa, sin éxito.
Dentro del proceso de liquidación el administrador designado por el Juzgado de lo Mercantil podía decidir entre una liquidación simple o el traspaso de la unidad productiva. La primera opción implica la venta de sus activos y el cobro de las deudas para pagar a los acreedores lo máximo posible, y conlleva la venta de los activos de Vulcano, de forma individual. Con ella se extinguiría la concesión portuaria de la factoría, vigente todavía hasta diciembre de 2027. La segunda permite que cualquier tercero pueda adquirir la unidad productiva de Vulcano para continuar con la explotación del astillero, sin asumir deudas (excepto laborales).
Cuando se liquidó Factoría Naval de Marín, por ejemplo, Nodosa se quedó con sus instalaciones, pero también con parte del personal. Entonces fue parte de la propuesta que lanzó el astillero a la administración concursal, y resultó exitosa. La atarazana selló en el primer trimestre cuatro nuevos pedidos (dos portacontenedores para Royal Arctic Line y dos pesqueros para Pescapuerta y Rampesca), hasta sumar una cartera de nueve buques. Factorías Vulcano SA se asienta parcialmente sobre un espacio de 25.095 metros cuadrados de una concesión de la Autoridad Portuaria de Vigo, renovada en 2009. Ocupa también una lámina de agua de 6.575 metros cuadrados, en una concesión ampliada también a finales de junio.
Auxiliares
Las que también se han quedado sin muchas incógnitas son las empresas auxiliares, que en marzo aceptaron una quita del 25% sobre las deudas contraídas por Vulcano para poder retomar y culminar la construcción del ferri de Trasmediterránea. Su intención pasaba por que el administrador reconociese esa deuda íntegra, pero ya les han comunicado que tendrá carácter de pasivo concursal. Como si fuera una extensión de las deudas que llevaron a la factoría, en 2011, a solicitar su enésimo concurso. En aquel proceso la lista definitiva de acreedores situó la deuda en 186 millones de euros (ordinarios y subordinados), a los que se les aplicó una quita del 80%. Esto es, una pérdida de cerca de 150 millones de euros. En el año 2000 la atarazana -controlada por la familia Santodomingo a través de Astilleros La Mecánica- entró en insolvencia con una deuda de 58 millones de euros; la quita ascendió en esta ocasión al 90%.
