El 4 de septiembre de 2013 la Audiencia Nacional ordenó el bloqueo de 5,2 millones de dólares (entonces, cuatro millones de euros al cambio) que la esposa de Manuel Fernández de Sousa había tratado de enviar a un banco chino desde una sucursal de Valença do Minho (Portugal). De inicio fue la Unidade de Informação de Investigação Criminal (UIIC) la que paralizó la transferencia a Hong Kong ante las sospechas de que se estuviese produciendo un alzamiento de bienes; los investigadores lusos habían leído en prensa que la policía española estaba investigando los bienes de Sousa, ya imputado. Fue el magistrado Eloy Velasco Núñez el encargado de firmar aquel auto, que embargó la cuenta (de Banif) y ordenó la "adopción urgente de medidas cautelares" para "conjurar el riesgo de una eventual ocultación del patrimonio" del expresidente de Pescanova. Velasco solo participó en la instrucción porque el responsable de la sala, Pablo Ruz, estaba de vacaciones. Ahora ya no lo hará como sustituto al haber sido designado magistrado ponente del procedimiento en la sección cuarta de la Sala de lo Penal.
Así figura en una providencia firmada este jueves por la presidenta de la sala, Ángela Murillo, a la que ha tenido acceso FARO. Esta jueza, designada como ponente en el juicio de la salida a Bolsa de Bankia, se ha caracterizado por utilizar un particular lenguaje durante las sesiones. De Murillo han salido expresiones como "pobre mujer, y encima se ríen estos cabrones" (tras escuchar a la viuda de un asesinado por ETA) o "guarde la compostura, que no está usted en un bar" (a la también etarra Idoia Mendizábal). Velasco no ha sido menos mediático, y con él se iniciaron las instrucciones del caso Lezo (por desvío de fondos de la empresa pública Canal de Isabel II, con el expresidente madrileño Ignacio González como principal investigado) y caso Púnica (de amaño de contratos, con el también popular Francisco Granados entre los encausados). Velasco había sido, curiosamente, alto cargo en la administración de justicia en la Comunidad Valenciana bajo los mandatos de Eduardo Zaplana y Francisco Camps. Abandonó ambos procedimientos cuando fue ascendido.
De este magistrado será la responsabilidad de redactar la sentencia de un juicio que dirimirá las causas de la mayor quiebra no inmobiliaria de la historia empresarial española, superior a los 3.600 millones de euros. La decisión final ha de ser colegiada, adoptada de forma unánime o mayoritaria por los tres jueces de la sala: Velasco, Murillo y Carmen Paloma González Pastor. En el banquillo se sentarán 19 personas físicas y once jurídicas, entre ellas la vieja Pescanova (o Pescanova SA) y la auditora BDO. Para el principal imputado en el proceso, Manuel Fernández de Sousa, se ha pedido una pena de 30 años de prisión (la de mayor envergadura, de seis años, corresponde a un presunto delito continuado de estafa). Los investigados suman, como consta en el auto de apertura de juicio oral, multas por 33 millones de euros y otros 760 millones en concepto de responsabilidad civil.
Son precisamente las piezas de responsabilidad civil -la mayoría siguen en el juzgado de Instrucción número 5, del que es titular José de la Mata- las que todavía han impedido despejar una fecha para la celebración del juicio. En todo caso el procedimiento ha cogido velocidad, como constatan fuentes jurídicas a este periódico. En los últimos días el juzgado ha ordenado la prórroga de embargo sobre los bienes propiedad del exdirector de Administración Alfredo López -la medida cautelar expiraba en abril- y el bloqueo de cuentas de Golden Limit, sociedad del exconsejero José Antonio Pérez-Nievas. Ha ordenado también que se emprendan procesos de "averiguación patrimonial" sobre los imputados Alfonso García Calvo (ex administrador de Novapesca Trading) y las empresas ICS Holding Limited (estaba en el consejo a través de Fernando Fernández de Sousa, hermano del expresidente) y Sociedad Gallega de Importación y Exportación de Carbones, también vinculada a Sousa. Ninguna ha consignado bienes por los más de 160 millones de euros que les requirió el tribunal.
